El director municipal de Programas Estratégicos de Viña del Mar, Jorge Cafena, presentó una querella criminal en contra de la alcaldesa Macarena Ripamonti y la directora jurídica Hiam Ayllach por un presunto fraude.
Motivo de la querella
En la acción, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, Cafena denuncia que se perdonaron multas por más de $1.000 millones a la Empresa Global Link Chile Telecomunicaciones S. A. que prestaba el servicio de cámaras de seguridad al municipio.
A esto se agrega en la querella que “el decreto alcaldicio 9837 del 16 de agosto de 2022 firmado por la alcaldesa Ripamonti dispuso el pago de $300.422.031 a la empresa por el servicio de cámaras de vigilancia prestado durante el año anterior”.
El director acusa que este pago de más de $300 millones a la empresa, a la que la actual administración puso término a su contrato al poco de asumir, sería improcedente debido a la deuda que tiene con la municipalidad.
Los problemas con las cámaras
Las elevadas multas que recibió la empresa se deben a que incumplió la disposición de cámaras establecidas en la licitación. Además, hubo muchos aparatos que estaban inservibles, presentaban intermitencias o tenían desperfectos.
Todos estos problemas fueron confirmados por Contraloría en un informe publicado en enero de 2021, durante la pasada gestión de la alcaldesa Virginia Reginato en momentos en que Cafena era director de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Municipal, según consignó El Mercurio.
En ese entonces, Contraloría, que examinó el servicio prestado desde 2014, ordenó disminuir el pago a lo efectivamente entregado por la empresa, calcular el monto de multas por incumplimiento de contrato e instruir sumarios para establecer responsables. Este mes terminó el sumario y uno de los sancionados fue Cafena.
La respuesta del municipio
El municipio viñamarino respondió a la acusación señalando que “no es la primera vez que el querellante inicia acciones en la justicia en contra de esta administración por hechos falsos, es más, el exdirector de Reginato ya ha perdido en la Corte Suprema y ha sido sancionado por hechos graves en sede administrativa“.
Desde la casa consistorial agregaron que los hechos que se fundan en esta querella “tienen relación con actos propios del querellante”. “Esperamos que la Fiscalía formalice con fuerza a quien corresponde, incluido el propio querellante, si así lo estima”.
Al poco tiempo de asumir, la alcaldesa Ripamonti decidió poner fin al contrato con la empresa Global Link Chile Telecomunicaciones. En ese entonces, señaló que el servicio ofrecido por ellos daba “una falsa sensación de seguridad, pues ni siquiera puede grabar un rostro o una patente para hacer una denuncia eficiente”.
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