Fiscalía contra las filtraciones: Las tres líneas de propuesta enviadas al Ministerio de Justicia

Mediante un oficio enviado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, el fiscal Nacional Ángel Valencia compartió las medidas adoptadas para “asegurar el resguardo de la información en el ámbito de las investigaciones penales” y evitar acceso indebido a sistemas informáticos del Ministerio Público.

En el documento, Valencia comenta que durante su gestión definió “avanzar en ciertas reformas que creo son necesarias para abordar este aspecto a fin de asegurar, por un lado, un adecuado ejercicio de la acción penal y de la dirección de las investigaciones y, por el otro, promover el cumplimiento de la reserva de las actuaciones de las diversas investigaciones penales”.

Entre las distintas medidas, en el oficio se dispone cómo se accede a la carpeta investigativa sobre un caso, “estableciendo un procedimiento claro y efectivo para el manejo de información personal de interés investigativo que pueda surgir durante las investigaciones penales complejas”.

Por otro lado, destaca que ante una filtración se han abierto “las correspondientes investigaciones penales o administrativas para establecer las responsabilidades penales o disciplinarias”.

Asimismo, se mencionan una serie de medidas de control informático que adoptó la División Informática de la Fiscalía Nacional, las que tienen relación con infraestructura, el acceso a la red del Ministerio Público y la nueva plataforma central.

Propuestas para “el mejoramiento del sistema chileno”

Así, desde el Ministerio Público agregaron sus propuestas para garantizar la transparencia procesal sin comprometer la confidencialidad de información sensible.

De esta manera, las propuestas son:

1. Fortalecer confidencialidad: Aplicar modificaciones que permitan a los persecutores restringir la entrega de antecedentes sensibles, con autorización judicial.
2. Regular el acceso de información bajo supervisión judicial: Que a través de “criterios claros” se pueda diferenciar qué información pueda ser entregada a las partes sin afectar el derecho a defensa.
3. Reforzar penalmente el carácter de secreto de actuaciones en una investigación: En este caso, se propone aumentar la gravedad en cuanto a sanciones para quienes revelen información contenida en una carpeta de investigación penal, “en especial cuando ha sido decretada su reserva”.