CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
"El Superior General ha nombrado al P. Dante Simón S.D.B., Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Córdoba, como su Delegado para realizar este proceso canónico. Su tarea consistirá en evaluar las pruebas y argumentos recogidos en la Investigación Previa Canónica", informó la Compañía de Jesús.
Durante este jueves, la Compañía de Jesús reportó la realización de un Proceso Administrativo Penal en contra del sacerdote jesuita Felipe Berríos.
La decisión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede fue a partir de la Investigación Previa Cánonica realizada por la abogada María Sántibáñez durante el 2022.
“El Superior General ha nombrado al P. Dante Simón S.D.B., Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Córdoba, como su Delegado para realizar este proceso canónico. Su tarea consistirá en evaluar las pruebas y argumentos recogidos en la Investigación Previa Canónica, recabar eventuales nuevos antecedentes y recibir la defensa del acusado. Posteriormente, estos antecedentes deberán ser remitidos al Superior General para su decisión, en conformidad con las normas canónicas vigentes”, detalló la Compañía de Jesús.
Del mismo, aclararon que Felipe Berríos continúa siendo sacerdote de la Compañía de Jesús.
“Este ha sido un tiempo doloroso, especialmente para los intervinientes del proceso. Esperamos que estos esfuerzos ayuden a alcanzar la verdad sobre los hechos y hacer justicia”, concluyeron.
En una investigación previa canónica, la Compañía de Jesús entrevistó 40 testigos, determinando la “verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes”.
Los testimonios se remontaron a episodios de “tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio”, entre los años 1993 y 2009.
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.