El ex secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo Carlos Contreras reiteró que Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, le habría omitido información al presidente Gabriel Boric sobre el denominado Caso Convenios.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó las medidas cautelares de prisión preventiva tanto de la exautoridad como de Daniel Andrade y las cambió a arresto domiciliario total mientras dura la investigación.
Este domingo, Contreras conversó con Canal 13, donde reiteró que el Gobierno estaba enterado del millonario convenio firmado en Antofagasta entre el Minvu y Democracia Viva, fundación vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD).
“Estoy planteando honestamente lo que es de mi conocimiento, en virtud de las cosas, que las personas con las que interactué me dijeron en su debido momento y lo que he escuchado públicamente decir por algunas personas. A mi entender, hasta el segundo piso, hasta Miguel Crispi o alguno de sus asesores”, sostuvo.
En ese sentido, fue consultado sobre si el jefe de asesores de La Moneda le omitió información al presidente Boric al respecto. “Yo no he visto antecedentes que hagan pensar en algo distinto”, respondió.
“Yo sí puedo afirmar que termino preso estos 75 días por razones políticas y comunicacionales, porque se busca ocultar o cubrir o simplemente no evidenciar la responsabilidad de la Jefatura Nacional de Asentamientos Precarios respecto al proceder de sus jefaturas a nivel regional”, agregó, en referencia a Verónica Serrano, quien es tía de Crispi.
“Según el manual de transferencia del Programa de Asentamientos Precarios, la responsable de las irregularidades que detectó a nivel nacional la Contraloría como problema sistémico dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es Verónica Serrano durante el periodo 2022”, continuó.
Acusa ser víctima de causas políticas
Carlos Contreras también descartó que haya habido un conflicto de interés en el marco de la firma del convenio ante la relación entre Daniel Andrade, quien era representante legal de Democracia Viva, y la diputada por la región y militante de RD, Catalina Pérez.
En ese sentido, acusó que fue un “chivo expiatorio” al interior del partido del cual luego fue expulsado y aseguró ser víctima de causas políticas: “Yo considero que estuve en prisión por razones políticas y comunicacionales y los tribunales, al bajar la medida cautelar y al decir que había sido desproporcionada, de alguna forma lo confirman”.
“Entonces lo que yo veo es que hubo una estrategia comunicacional, que no digo que sea de Presidencia, pero que creo es la que puede haber participado el Segundo Piso, en que participó Revolución Democrática como partido, desde su directiva, de mostrar con alevosía el escarmiento que se hacía de nosotros dos”, afirmó.
También respondió a la pregunta de por qué Andrade fue designado para ejercer la labor en los asentamientos, pese a no tener la experiencia requerida en el área. “Los asentamientos precarios tiene una infinidad de programas, alguno más complejo que otros, va de urbanizar para construir barrios, versus en el otro extremo un proyecto de habitabilidad primaria…(…), entonces, en esos proyectos de habitabilidad primaria lo más importante no es el conocimiento constructivo, lo más relevante es saber lidiar con la comunidad”, respondió.
“Seguiré pagando con creces el descriterio que cometí al firmar el convenio”
Finalmente, Carlos Contreras reflexionó que él fue parte de un “error político muy grave” que generó consecuencias gigantescas, “las cuales van a remorder en mi conciencia mucho tiempo, si no toda mi vida”, lo que, además, “trajo consecuencias catastróficas para mi vida familiar, para mi vida personal, para mi proyección profesional”, agregó.
“Creo que he pagado y seguiré pagando con creces el descriterio que cometí al firmar un convenio con Democracia Viva, pero aquí no hay fraude al Fisco”, afirmó.
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