Estado indemnizará a hombre que estuvo preso más de un año, pese a ser inocente: “El Ministerio Público se cegó contra él”

El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a indemnizar a Bayron Kevin Flores Cabello, hoy de 22 años, y a su madre, tras establecer que el actuar del Ministerio Público fue injustificadamente erróneo y arbitrario durante una investigación penal que mantuvo al joven privado de libertad por más de un año, pese a que no tuvo participación en los delitos imputados.

De acuerdo con la sentencia, Flores fue detenido en abril de 2018 y quedó en prisión preventiva durante un año y 22 días, luego de ser formalizado por los delitos de robo en lugar habitado y robo con intimidación. Posteriormente, permaneció cerca de cinco meses bajo arresto domiciliario parcial, antes de ser finalmente absuelto.

El fallo civil cuestiona la forma en que se desarrolló la investigación penal, apuntando especialmente al uso de un registro fotográfico desactualizado como elemento central de reconocimiento.

Según la resolución, la imagen utilizada correspondía a una fotografía del Registro Civil tomada seis años antes, cuando el imputado tenía 16 años, pese a que al momento de los hechos ya era adulto.

Para el tribunal, esta falencia vulneró estándares mínimos de diligencia investigativa y tuvo consecuencias directas en la privación de libertad del joven, lo que fundamentó la responsabilidad patrimonial del Estado.

Indemnización y reparaciones

En lo resolutivo, el tribunal ordenó al Fisco pagar a Flores más de $5 millones por lucro cesante y $30 millones por daño moral, mientras que su madre deberá recibir $20 millones por daño moral, montos que se reajustarán conforme a intereses legales.

El abogado Ramón Rojas, de Picand & Ríos Abogados, quien representó a la familia en la demanda civil, sostuvo que se logró acreditar una negligencia grave por parte del Ministerio Público, aunque señaló que el monto fijado por daño moral fue impugnado por considerarlo insuficiente en relación con el tiempo de privación de libertad.

“Estamos impugnando la sentencia, pero únicamente respecto de la cuantificación del daño moral, que estimamos que es mayor, considerando que se estableció que el Ministerio Público se cegó contra él”, señaló el abogado.

El exfiscal Rodrigo Ríos explicó que la sentencia pone el foco en el incumplimiento de protocolos básicos de reconocimiento de personas, destacando que el uso de una imagen no representativa terminó siendo determinante para que el tribunal atribuyera responsabilidad al Estado.

El caso también fue respaldado por el proyecto “Inocentes” de la Defensoría Penal Pública, desde donde se advierte que más de 39 mil personas inocentes han estado privadas de libertad en la última década en el país.