El Ejército se refirió a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Regional de Aysén que implicará la formalización de 800 militares activos y retirados debido a un presunto fraude al fisco por un monto cercano a los $3 mil millones. Esto, tras el cierre del Fondo de Ayuda Mutua (FAM).
A través de un comunicado, la institución castrense explicó que “la investigación judicial por esta causa tiene su origen en una denuncia presentada en 2017 por el Ejército de Chile ante la Fiscalía Militar de Coyhaique, como resultado de un preinforme de la Contraloría General de la República que da cuenta de ciertas irregularidades que se habrían cometido entre los años 2015 y 2016, por concepto de comisiones de servicio y contratos a honorarios en la IV División del Ejército”.
El Ejército informó que, paralelamente, instruyó dos investigaciones sumarias administrativas que se encuentran por estos días en su etapa final y que tienen por objetivo determinar las correspondientes responsabilidades.
La institución aseguró que han entregado todos los antecedentes y han prestado colaboración para la realización de las diligencias.
“Le corresponderá a las distintas autoridades durante ese período que tuvieron injerencia en la implementación de dichas medidas, explicarlas ante el órgano investigador”, agregaron.
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A la fecha, hay personal activo de oficiales y suboficiales que presentan la calidad de imputados en la investigación. Sin embargo, el Ejército precisó que “ello no implica prejuzgamiento alguno, en la medida que aún no existe resolución judicial que establezca su responsabilidad en los hechos que se investigan”.
Ante una eventual condena, sostuvieron que adoptarán “las resoluciones que correspondan, conforme a las responsabilidades que se determinen en cada caso”.
Por último, el comunicado señala que “el Ejército de Chile, consciente de lo que ha debido enfrentar en materias de probidad en los últimos años, ha implementado un Sistema de Prevención de Delitos durante el 2019 que va más allá de la colaboración con los órganos judiciales y el acatamiento de las resoluciones de sus tribunales. Esto ha implicado la capacitación a sus integrantes de todos los grados, entregando material instructivo y realizando inspecciones preventivas a cargo de su Contraloría Interna”.
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