Tras la polémica que involucra al juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, que habría concedido beneficios a cuatro reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad, entre ellos reclusos ligados al Tren de Aragua, el diputado del Partido Liberal (PL) Vlado Mirosevic criticó al juez: “Ha puesto en peligro la seguridad del país y desde ese punto de vista, es una decisión ilegal y además inaceptable”.
En esa misma línea, aseguró que lo que hace Urrutia es “establecer una excepcionalidad a la norma que se aplica por parte de Gendarmería en las cárceles de alta seguridad” y que en este caso se estaría estableciendo una excepción, “una manera alternativa de comunicación”.
Según Urrutia, su decisión se basó en tratados internacionales sobre derechos humanos y en documentos que evidencian la importancia del contacto con la familia para la socialización de los presos. “Previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene una red de apoyo mientras dura el encarcelamiento”, señaló el juez en su informe.
Además, destacó que algunas personas privadas de libertad, especialmente internos extranjeros, llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, lo que motivó la autorización de las videollamadas.
El mundo político no tardó en reaccionar, respuesta que el abogado del juez Urrutia, Carlos Quezada, calificó como “destempladas” y “hasta ridículas”.
Desde el Gobierno señalaron que la situación es grave. “Por supuesto que estamos en contra y el Ministerio de Justicia junto a Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza”.
También, el ministro de Justicia, Luis Cordero, insistió en que dicha decisión “infringe las normas que regulan el derecho penitenciario y particularmente aquellas que están vinculadas a establecimientos de alta seguridad”. Además, remarcó en que hay razones para sostener que la decisión del juez Urrutia “es ilegal”.
Por otro lado, el subsecretario Monsalve, agregó que “uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado (…) es que sus líderes, quienes están detenidos, tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización”, agregó el subsecretario Monsalve.
UDI pide a la Corte Suprema expulsión de juez
Por otra parte, entre las medidas parlamentarias, en el caso de la UDI, está solicitando a la Corte Suprema la suspensión o expulsión del juez porque “le hace daño al país”. Así lo expresó la secretaria general del partido, María José Hoffmann, quien en un punto de prensa este lunes comentó que Urrutia “está poniendo en riesgo a las víctimas del crimen organizado”.
A su juicio, el magistrado “no ha estado a la altura y se ha saltado el Poder Judicial, a Gendarmería y al propio Gobierno”.
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