Este lunes, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó parcialmente la sentencia que ordenó al Estado a indemnizar a cuatro personas que sufrieron torturas tras ser detenidos en el marco de una jornada de protestas en marzo de 1984 en el centro de la ciudad.
En un fallo dividido, el tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, en la parte que ordenó al fisco a pagar a tres de las víctimas una indemnización de $40 millones cada uno y $20 millones al cuarto.
El tribunal estableció que las víctimas fueron detenidas injustificadamente por agentes del Estado durante la octava jornada de las Protestas Nacionales contra el régimen. Tres estuvieron privados de libertad 25 días y el cuarto dos. Durante ese tiempo “fueron sujetos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes“.
“Todo es constitutivo de un ilícito, (…) de carácter civil, consistente en su núcleo, en lo que el propio Estado ha reconocido, a través de los procesos de reparación estatal. Fueron perpetrados al menos y concretamente en la ciudad de Punta Arenas desde el 27 de marzo de 1984 y días posteriores”, señala el fallo.
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