Este jueves, la Contraloría General de la República emitió un informe en el que señala que las pensiones de gracia pueden ser revocadas. Esto, en respuesta al oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la posibilidad de invalidar o revocar el ortorgamiento de los beneficios.
La respuesta del órgano enumera una serie de disposiciones relativas a las pensiones. Entre ellas, señala que una de las “atribuciones especiales” del presidente de la República es conceder, a través del Ministerio del Interior, dichos beneficios. En esa línea, indica los casos en que se pueden solicitar, como haber realizado servicios distinguidos para el país, haber sufrido un accidente o una catástrofe extraordinaria, o encontrarse incapacitado/a para trabajar.
El informe además explica que al no pertenecer al ámbito previsional, este beneficio “no se vincula con la garantía prevista en el artículo 19, N° 7, letra h), de la Constitución Política, que dispone que no podrá aplicarse como sanción la pérdida de derechos previsionales”.
En sus conclusiones, el documento firmado por la contralora subrogante, Dorothy Pérez, indica que “dado el carácter netamente discrecional de la facultad para conceder la respectiva pensión de gracia, debe concluirse que la autoridad otorgante puede igualmente dejarla sin efecto, tal como ha ocurrido”.
El documento se da a conocer luego de otro informe del órgano contralor en el cual relevó que 58 pensionados de gracia tienen antecedentes y han sido condenados por delitos violentos.
El escrito evidencia que las personas beneficiadas “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.
Algunos tienen “más de 10 condenas por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.
Además, establece una responsabilidad del Instituto de Derechos Humanos, encargado de revisar los antecedentes para otorgar los beneficios.
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