La Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda hacia fundaciones, en un plazo que contempla 2021 a la fecha.
El anuncio se da en el marco del caso Convenios, tras conocerse los millonarios convenios otorgados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD).
Sin embargo, el caso de expandió a otras regiones del país por hechos similares como en Atacama, el Maule y Biobío.
Desde el organismo, informaron que se realizarán acciones de fiscalización en otros servicios “en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también el análisis de datos masivos de la institución”.
“Las auditorías contemplarán áreas como asignaciones directas, rendiciones de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos”, concluyeron.
Al respecto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señaló en las últimas horas que “el gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu”.
Pdte. Boric: Primer aviso recibido por Caso Convenios vino de la diputada Ahumada
Tras conocerse que el senador Juan Ignacio Latorre (RD) se enteró del caso de Democracia Viva 10 días antes de que fuera publicado por el medio Timeline, el presidente Gabriel Boric explicó cuándo se enteró el Gobierno sobre los antecedentes iniciales del Caso Convenios.
“El medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio, y el conocimiento que nosotros tuvimos -de que había una investigación- fue entre un oficio que envía la diputada Ahumada, que es la semana anterior. Apenas yo supe, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información”, dijo el mandatario.
La diputada Yovana Ahumada (independiente ex PDG) es quien ofició el pasado 7 de junio al exseremi de Vivienda de Antofagasta y exmilitante de Revolución Democrática, Carlos Contreras, tras la transferencia de $426 millones a la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal en ese entonces era Daniel Andrade.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo este miércoles que “una vez que se supo esto por parte del Ejecutivo, se adoptaron las medidas que están a su alcance: responsabilidad política, responsabilidad administrativa y colaboración con la justicia“.
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