Contraloría aprueba reglamento que permite al Estado querellarse por femicidio sin autorización de víctimas o familias

La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que fija estándares técnicos y requisitos formales para la representación judicial de mujeres víctimas de violencia de género, una garantía contemplada en la Ley Integral.

Con esta medida, el Estado podrá presentar querellas por casos de femicidio o suicidio femicida por iniciativa propia. 

El nuevo reglamento constituye un avance en la implementación de dicha normativa, al establecer que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) podrá iniciar acciones judiciales mediante sus abogadas y abogados regionales sin requerir el patrocinio previo de la víctima o de sus familiares en este tipo de delitos. 

De acuerdo con lo establecido, esta modificación busca asegurar una respuesta institucional más rápida y que las causas cuenten con representación judicial desde el inicio del proceso. 

Hasta ahora, aunque SernamEG ya ofrecía asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, la representación judicial solo podía concretarse si la víctima o su familia entregaban formalmente el patrocinio al servicio. 

En ese contexto, durante 2025 los Centros Especializados de Violencia de Género del organismo realizaron más de 5.800 atenciones psicosociales y jurídicas a cerca de 3.500 usuarias, además de asumir 1.293 representaciones judiciales. 

El reglamento también define estándares técnicos que deberán cumplir las instituciones públicas y privadas que mantengan convenios con SernamEG para representar a víctimas, con el objetivo de garantizar una atención especializada y adecuada. 

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que “la violencia de género es una vulneración grave de derechos, y el Estado tiene que responder a la altura. Eso significa acompañar a las víctimas y actuar a tiempo para que estos casos no queden sin justicia”.

Agregó que la Ley Integral contempla la representación legal y que el reglamento constituye “un paso concreto para implementarla y asegurar ese apoyo tan necesario para obtener reparación”. 

Cabe recordar que la Ley Integral establece diversas obligaciones relacionadas con la prevención y la atención de la violencia de género. Además, crea un Sistema Integrado de Información destinado a articular datos entre distintas instituciones del Estado para mejorar la respuesta, el seguimiento y la protección de las víctimas, en línea con compromisos internacionales asumidos por el país.