La diputada Catalina Pérez (RD) dio a conocer este sábado que presentó un oficio ante Contraloría en medio de la polémica generada por un convenio de $426 millones realizado entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y su pareja, Daniel Andrade, para la Fundación Democracia Viva.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la parlamentaria aclaró que se comunicó personalmente con la Contraloría “para despejar cualquier duda que algunos inescrupulosos han buscado instalar sobre convenios suscritos en mi región, en los que no tengo ninguna participación o injerencia”.
Además, enfatizó que “no voy a tolerar que, sin prueba alguna, se busque enlodar mi trabajo poniendo un manto de duda sobre mi gestión“.
Oficié yo misma a Contraloría para despejar cualquier duda que algunos inescrupulosos han buscado instalar sobre convenios suscritos en mi región, en los que no tengo ninguna participación o injerencia. No voy a tolerar que, sin prueba alguna, se busque enlodar mi trabajo… pic.twitter.com/QWNNPanrwC
— Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) June 18, 2023
Renuncia del Seremi de Antofagasta
Después de que se hiciera público el convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva por más de $400 millones, el secretario regional, Carlos Contreras, presentó su renuncia.
A través de su cuenta de Twitter, explicó que presentó su renuncia para evitar que esto se siga utilizando políticamente contra el Gobierno.
Además, aclaró: “Lamento mucho no haber previsto la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con la cual no tengo conflicto de interés alguno”.
Convenios por $426 millones
En cuanto a los convenios, se firmó el primer contrato con la Fundación Democracia Viva el 3 de octubre de 2022 por un monto de 200 millones de pesos. El propósito de este contrato fue implementar y ejecutar una intervención socio territorial dirigida a las familias que vivían en asentamientos precarios.
Posteriormente, el 27 de octubre del mismo año, se estableció otro convenio por 170 millones de pesos, destinado a la ejecución de un proyecto socio territorial, también dirigido a las familias que residían en asentamientos precarios.
Por último, el 19 de diciembre de 2022 se firmó el último contrato por un monto de 56 millones de pesos. Este tenía como objetivo realizar diagnósticos socioterritoriales y formular planes de intervención y acciones sociales y comunitarias en campamentos ubicados en la Región de Antofagasta.
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