El pasado 29 de octubre, el ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, emitió su declaración en calidad de imputado ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco en el uso de recursos asociados al programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias (Ascar) del Servicio Nacional de Menores (Sename).
En su testimonio de 13 carillas, el ex secretario de Estado del gobierno de Michelle Bachelet expuso ante el fiscal Marcos Emilfork, las irregularidades en los contratos.
En el documento, consignado por La Tercera, Gomez afirma que “todos los contratos por producto fueron extraños” y denunció que “le pagaron 3 millones de pesos en un mes por un PPT (Power Point)” al funcionario Jonathan Guzmán, en diciembre del 2013.
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“A otra señora, Pamela Romero, la contrataron para hacer un catastro de entidades públicas y privadas de los niños y le pagaron 1,5 millones de pesos. También están Ángela Chaparro, Ignacio Barceló Carillo, les pagaron por leer los focus group 3 millones de pesos. Nicolás Larraguibel en similar situación. Lo que quiero decir es que es raro que no se investiguen estos temas, porque son bien complejos“, agrega detallando en otros casos de pagos irregulares.
Incluso, Gómez cuenta que “hay un señor García al que le pagaron 3 millones de pesos, sobre computación, le preguntan qué es Ascar, y dice que es para monitorear las donaciones a privados, y a nadie le llamó la atención. En un mes le pagaron 6 millones de pesos“.
El ex titular de Justicia responsabilizó de este hecho al ex subsecretario de Justicia, Marcelo Albornoz, quien tenía que instruir un sumario por “varios hallazgos en la auditoría final efectuada al programa Ascar”.
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Ante esto, el fiscal le preguntó a Gómez si adoptó alguna medida en su calidad de ministro tras tener conocimiento de este informe, a lo que respondió: “Vuelvo a insistir, esto era reporte y responsabilidad del subsecretario de Justicia, Marcelo Albornoz”.
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