El documento afirma que se dañó la imagen y credibilidad del Ministerio del Interior y la Fiscalía.
La Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora del Caso Bombas en el que se acreditó que hubo deficiencias investigativas y falencias legales.
Durante la investigación de la instancia parlamentaria, se pudo constatar la existencia de prácticas antisindicales por parte del ex fiscal Alejandro Peña, en el periodo en que ejerció como Fiscal Regional Metropolitano de la Zona Sur y quien estuvo a cargo del caso.
La comisión concluyó además que hubo prácticas poco claras respecto de la firma de peritajes bajo el supuesto objetivo de agilizar el proceso.
La instancia investigadora se encargó de recabar información y determinar las responsabilidades involucradas para remitirlas a los órganos administrativos y jurisdiccionales, con el objeto de corregir las eventuales irregularidades que se descubrieron.
El caso fue debatido por un año y tuvo como fin aclarar las circunstancias, acusaciones y omisiones del Ministerio del Interior vinculadas a la colocación de artefactos explosivos desde el año 2006 y que incluyó cerca de 100 detonaciones.
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