Este jueves la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora de Pensiones de Gracia que estableció la existencia de irregularidades en la entrega de pensiones de gracia en el marco del estallido social.
Por 50 votos a favor, 26 en contra y 8 abstenciones, la Corporación recomienda al Gobierno hacer un seguimiento de la situación de los beneficiarios que tienen lesiones leves. Más de 70 parlamentarios no estuvieron presentes en la votación.
Esto, con el fin de revisar la evolución de las condiciones físicas que justificaron el otorgamiento de la pensión y dar cuenta si todavía persisten dichas afectaciones a través de un procedimiento especial realizado por un organismo técnico, como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
Además, insta al Ejecutivo a reevaluar el mérito del beneficio a quienes tienen antecedentes penales.
Resultados y recomendaciones
Los 12 parlamentarios de la Comisión, que fue presidida por Henry Leal (UDI), indagaron los procedimientos y criterios para la entrega de las pensiones, y determinaron que entre los beneficiados había 40 con antecedentes penales y 39 personas sufrieron lesiones graves. Ellas reciben pensiones vitalicias.
También se evidenció que ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos ni el Ministerio del Interior conformaron una instancia con profesionales de la salud para acreditar dichas lesiones. El informe señala que esto “da cuenta de la poca objetividad del procedimiento para constatar las afectaciones físicas”.
Por ello, los diputados recomiendan que el procedimiento para acreditar a una víctima sea realizado por profesionales y especialistas de la salud.
Además, persiste la duda sobre la permanencia en el tiempo del daño físico o psicológico. Esto, teniendo en cuenta un beneficio vitalicio otorgado para lesiones de carácter leve.
El texto advierte problemas identificados en los procedimientos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En concreto, señala que el organismo reconoció la falta de competencia técnica como órgano calificador de la calidad de víctima en relación a la acreditación de lesiones y menoscabo laboral.
El informe de la Comisión Investigadora también detectó falencias en el mecanismo de otorgamiento de pensiones mediante la Ley de Presupuestos.
La votación de la Cámara Baja se dio luego del lapidario informe de la Contraloría General de la República, que reveló que 58 de 419 beneficiados mantienen antecedentes y condenas por delitos como abuso sexual, homicidio, producción de material pornográfico infantil, entre otros.
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