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Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde al reajuste al sector público, que incluye la propuesta vinculada al adelanto del Indicador de Costos de la Salud (ICSA) en el marco de la crisis de las Isapres.

El índice, que establece el porcentaje máximo en el que pueden aumentar los planes de salud, generalmente se publica en marzo y se hace efectivo en junio de cada año; sin embargo, el Gobierno pretende que entre en vigencia en abril de 2024.

La medida busca facilitar la implementación del fallo de la Corte Suprema sobre las Garantías Explícitas en Salud (GES), que entrará en vigencia en enero. El objetivo es aislar los factores de Fonasa para evitar una disminución abrupta de los ingresos de estas aseguradoras.

La discusión y posterior aprobación del proyecto no estuvo exenta de sorpresas, ya que parlamentarios oficialistas como Jaime Araya (IND-PPD), Carlos Bianchi (IND-DRP), Jorge Brito (RD) y Marcos Ilabaca (PS) votaron en contra del reajuste propuesto por el Ejecutivo.

No obstante, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, agradeció el respaldo transversal al artículo y la comprensión de los diputados, destacando que la situación es extraordinaria.

“Es importante entender que hemos llegado acá producto de la judicialización del sistema, que la sentencia última que emitió la Corte Suprema obliga a la suspensión del cobro injustificado y excesivo por la prima GES”, sostuvo la secretaria de Estado.

La propuesta de reajuste del sector público, respaldada por los trabajadores fiscales, ahora pasa al segundo trámite legislativo en el Senado, en donde se espera que la Comisión de Hacienda analice el texto, incluido el artículo relacionado con las Isapres.

“Como Gobierno nos interesa es la mantención de los beneficios de las personas, la continuidad del tratamiento y dar certidumbre, en ese sentido fue que tuvimos tomar esta medida”, puntualizó Aguilera.

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