CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
"La municipalidad de Santiago estaba dilapidando recursos públicos con el pretexto de mejorar la salud. Ahora falta la otra hebra: ¿para qué eran las platas? ¿Qué se pretendía financiar de forma oscura? ¿A dónde iba el negocio? ¿Quién era el que vendía y tenía relación con el municipio?", emplazó el diputado Jorge Aleesandri.
Durante este jueves, diputados de la UDI emitieron una declaración luego de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera una resolución señalando que no se justifica el valor pagado por la Municipalidad de Santiago respecto a la compra de la exclínica Sierra Bella. En ese contexto, el parlamentario Juan Antonio Coloma, llamó a los concejales de la comuna a presentar una denuncia por notable abandono de deberes en contra de la alcaldesa Irací Hassler.
“Se configuran todas las causales necesarias para que los concejales de Santiago se atrevan a denunciar a la alcaldesa Hassler por notable abandono de deberes”, argumentaron en la bancada, sumándose a este llamado los diputados gremialistas Marta Bravo y Daniel Lilayu.
“Si no fuera por la decisión de varias autoridades de recurrir a la Contraloría, el municipio hubiese tenido el descaro de pagar un sobreprecio de hasta cuatro veces por el inmueble, lo que se habría transformado en un verdadero escándalo financiero”, agregaron en la bancada.
En ese contexto, catalogaron como “lapidario el informe de Contraloría” y destacaron que confirmaron las denuncias que hicieron al respecto, en cuanto al “negocio fraudulento” con recursos públicos.
El informe del organismo concluyó que no se justifica el valor pagado por el municipio en relación al inmueble, ya que el valor era cuatro veces superior al avalúo fiscal. “No es posible tener como fundamentado el gasto de recursos públicos ascendente a $8.252.873.341, que pretendía efectuar aquel municipio, especialmente si se consideran los principios de eficiencia, eficacia y economicidad que rigen el actuar de los órganos de la Administración del Estado”, precisó Contraloría.
Es importante destacar que las denuncias investigadas por Contraloría acusaban que la Municipalidad de Santiago había adquirido la propiedad por más de $8.200 millones. No obstante, un mes antes, la sociedad vendedora había desembolsado $2 mil millones por el inmueble.
“La Contraloría General de la República esclareció lo que muchos ya sabíamos: que existía un sobreprecio impresionante. La municipalidad de Santiago estaba dilapidando recursos públicos con el pretexto de mejorar la salud. Ahora falta la otra hebra: ¿para qué eran las platas? ¿Qué se pretendía financiar de forma oscura? ¿A dónde iba el negocio? ¿Quién era el que vendía y tenía relación con el municipio?“, planteó el diputado UDI, Jorge Alessandri.
🔴La @Muni_Stgo deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta administración y resguardo de los recursos municipales.
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— Contraloría (@Contraloriacl) April 13, 2023
Por otra parte, emplazaron al subsecretario de la Subdere, Nicolás Cataldo, por sus declaraciones en cuanto a la compra de la ex clínica Sierra Bella. “El Gobierno no puede desentenderse de esta grave situación, porque fue el propio subsecretario Cataldo, que curiosamente milita en el mismo partido que la alcaldesa de Santiago, quien inexplicablemente salió a criticar a quienes cuestionábamos esta compra. Por eso, deben entregar una explicación a todos los chilenos sobre por qué estaban tan interesados en este negocio”, concluyeron.
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.