La Asociación Nacional de Fiscales condenó el allanamiento a la sede del partido Comunes por parte del GOPE de Carabineros, en el marco de la investigación de oficio por fraude de subvenciones que abrió la Fiscalía en contra de la candidata al senado Karina Oliva.
La situación ocurrió luego que Ciper publicara un reportaje donde reveló que los asesores del comando de la entonces postulante a la gobernación de la región Metropolitana presentaron boletas por un total de $137 millones.
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A través de un comunicado, los fiscales señalaron que “si bien la constitución y las leyes entregan a los fiscales la dirección de las investigaciones de cada vez que se requiere ejecutar alguna diligencia que vulnere o violente los derechos de alguna persona, es indispensable que un juez de la República lo autorice“.
“En este caso, se trató de una diligencia autorizada judicialmente para encontrar y preservar medios de prueba en una investigación en curso de alta relevancia para el país”, indicaron.
Además, aseguraron que aunque se encomendó la diligencia a Carabineros, se impresionaron por “las imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y la difusión coetánea de esta diligencia”.
Según la organización, esto pudo haber afectado el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas.
“Desconocemos quién, vulnerando la obligación legal de reserva de la investigación, filtró la realización de esta diligencia, cuestión que es completamente improcedente, no solo por poner en riesgo la eficacia de esta diligencia intrusiva, sino que también implica una afectación innecesaria a los derechos de quienes están siendo investigados”, agregaron.
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Frente a esto, el gremio repudió lo ocurrido en la sede del partido Comunes y enfatizaron en que “la Asociación Nacional de Fiscales en diversas oportunidades ha planteado la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías”.
“Su finalidad precisamente es evitar actuaciones como la ocurrida, y así poder garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales de todos nuestros ciudadanos, y de esta forma contribuir a sentar las bases de la nueva convivencia social que entre todos estamos construyendo”, cerraron.
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