El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por delitos tributarios cometidos durante su administración.
La acción judicial, a la que tuvo acceso exclusivo CNN Chile, fue presentada el pasado jueves 4 de mayo ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y también está dirigida a todos quienes resulten responsables.
¿Cuáles son los argumentos del SII para querellarse?
En la querella, el Departamento de Delitos Tributarios del SII acusa al exjefe comunal de presentar declaraciones de impuestos “maliciosamente falsas” de forma reiterada, causando un perjuicio de más de $76 millones.
“Los antecedentes remitidos por la Fiscalía dan cuenta de una serie de irregularidades cometidas en las organizaciones sin fines de lucro dependientes y subvencionadas por la Ilustre Municipalidad de Vitacura (…) consistentes en que desde dichas organizaciones se realizaban retiros de dinero que se respaldaban con facturas exentas y boletas de honorarios falsas, ya que daban cuenta de servicios que no se prestaron efectivamente“, señala la acción judicial.
El SII menciona que estos egresos “eran recibidos por Domingo Prieto, José Renato Sepúlveda y Antonia Larraín, para finalmente entregarlo a Raúl Torrealba”, siendo el alcalde quien “presentó declaraciones Anuales de Impuesto a la Renta maliciosamente falsas, al subdeclarar los ingresos que percibió entre los años 2016 a 2021 y cuyo origen correspondería a los retiros de dinero que se efectuaron por distintos funcionarios municipales y de las organizaciones comunitarias dependientes del municipio de Vitacura“.
“Dichos ingresos fueron omitidos en la determinación de la base imponible de Impuesto Global Complementario, rebajando, en consecuencia, el impuesto que debía enterar en arcas fiscales durante el periodo recopilado. Con estas maniobras, ocasionó un perjuicio fiscal que a priori asciende a la suma actualizada a abril de 2023 de $72.943.166. Asimismo, obtuvo una devolución por un total de $3.485.770, que le correspondería reintegrar”, agregan.
En el documento, el organismo detalla que Torrealba obtuvo dinero de “manera irregular” desde el Consejo Local de Deportes y Recreación de Vitacura, la Organización Comunitaria Fundacional Vitadeporte, Vitasalud y la Organización Comunitaria y Funcional Vitaemprende, todas las cuales eran entidades “subvencionadas y dependientes del mismo municipio“.
En esta línea, los datos recopilados permitieron determinar que Prieto, entonces directivo de las organizaciones comunidades Vita, Sepúlveda, quien era presidente del Consejo Económico y Social de esa sede comunal, y Larraín, entonces funcionaria municipal, solicitaron a Augusto Silva y Arnaldo Cañas, encargados de la contabilidad y de los productos bancarios, “extraer dinero de estas entidades para luego traspasar los fondos al querellado, lo cual era respaldado con la emisión de boletas de honorarios y facturas exentas falsas”.
“Existe una gran cantidad de operaciones en la que participaban funcionarios vinculados, tanto a la Municipalidad como a estas organizaciones comunitarias, que tenían por finalidad obtener los fondos de estas entidades comunales dependientes de la Ilustre Municipalidad de Vitacura para posteriormente desviarlos a las cuentas bancarias del querellado, según consta en las declaraciones que prestaron los involucrados ante el Ministerio Público”, añaden.
Las declaraciones
En el caso de Antonia Larraín, ella se autodenunció ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. En dicha oportunidad, reconoció haber manipulado sobres con dinero por petición del entonces alcalde, quien le “requirió recibir en efectivo montos para luego entregárselos a él”.
Por su parte, Domingo Prieto afirmó frente a la Policía de Investigaciones (PDI) que recibió dineros y entregó sobres con efectivo a Torrealba. “Desde el año 2016 se requirieron dineros para Raúl Torrealba, los que se enviaban a través de sobres entregados mensualmente a Antonia Larraín, por Arnaldo Cañas, Augusto César Silva o por él mismo”, menciona el SII.
Finalmente, Augusto Cesar Silva señaló que Prieto, Sepúlveda y Larraín le efectuaban solicitudes de dinero, cuya forma de entrega fue variando con el tiempo. Lo usual era que los tres acusados “le pidieran entregar dinero por servicios que en realidad no se prestaban, requiriendo el respaldo con alguna boleta o factura que justificara en efectivo el egreso”.
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