El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la denuncia por el delito de amenazas presentada por una apoderada del Instituto Nacional, quien acusó haber sido intimidada por encapuchados afuera del establecimiento quienes le advirtieron que la iban a “quemar”.
La apoderada relató que los hechos se remiten al miércoles 8 de mayo, cuando acompañó a su hijo -que cursa 7° básico- para que comenzara la jornada de la tarde, y luego de que este ingresara, se encontró con personal de Fuerzas Especiales a la salida del metro Universidad de Chile.
En un grupo de Whatsapp con apoderados se comunicó que una inspectora les había informado que era mejor retirar a los estudiantes, por lo que coordinaron que quienes estuvieran presentes retiraran a los que pudieran. Al devolverse se encontró con encapuchados y jóvenes vestidos con overoles blancos por la salida de la calle San Diego.
“Me acerco a ellos y les ruego con voz temblorosa ‘niños por favor no lo hagan, tienen cerrado Prat, dejen este espacio para que sus compañeros salgan en PAZ Y PROTEGIDOS, no es la manera’. Uno a uno me acerqué en lo posible, algunos más violentos que otros, les pedí, les rogué ‘chicos están poniendo en riesgo sus vidas por ineptos que les dan discurso retrógrados que no les importan ni sus vidas ni las de sus compañeros'”, relata la mujer en la querella.
La mujer insistió en que la dejaran sacar a su hijo del establecimiento debido a que tiene problemas cardíacos, y en el texto cuenta que “luego interviene un joven exaltado que grita sobre el hombro del muchacho [uno de los presentes] –¡que webiai tanto queri que te queme!!“.
Finalmente, la mujer pudo encontrarse con su hijo, y mientras abandonaba el lugar, otros estudiantes presentes comentaron que “a ella la querían quemar”.
Argumentos legales
En el documento, la apoderada define el delito señalado como “amenazar seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho”.
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La mujer además indica que “se ha hecho bastante frecuente la comisión del delito de amenazas, perpetrado en las distintas formas que contemplan las normas punitivas antes transcritas”, sin embargo, en su caso considera que aplica debido a que “cuando el amenazada una mujer, que va a buscar o a dejar a un menor de edad, la naturaleza del injusto ha de considerarse en todas las formas como grave, serio y verosímil, conforme a la expresión que señala; QUEMARTE , mientras se porta una bomba molotov (sic)”.
La defensa de la mujer fue asumida por el abogado Jaime Jansana, y además, para el proceso se solicitó que declare el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y el rector del establecimiento, Fernando Soto.
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