El ejecutivo llamó a los parlamentarios aprobar la iniciativa, pese a las críticas de la oposición.
Durante esta mañana la Cámara de Diputados se encuentra discutiendo el proyecto fortalece el resguardo del orden público, conocido como “Ley Hinzpeter”. La iniciativa ha sido duramente criticada por la oposición y por algunas organizaciones sociales, ya que según ellos persigue las manifestaciones ciudadanas.
El abogado de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Jorge Contesse, manifestó que la situación en que se presentó el proyecto fue durante las movilizaciones masivas en octubre del 2011, que hacen pensar la respuesta del Estado antes las manifestaciones.
Contesse enfatizó que “la peor forma” que tiene un Gobierno para responder ante las movilizaciones sociales es usar “el derecho penal”, ya que es un instrumento como último recurso que el Estado tiene a problemas sociales o situaciones en que se ven afectados ciertos derechos. Se intensifica la intervención del Estado en situaciones que tienen relación con la libertad de las personas dando a entender que la conducta “merece el mayor reproche social”, a lo que el abogado pone sus dudas al respecto.
Bajo el punto de vista en la interpretación hay una tensión entre dos derechos fundamentales “lo que es completamente normal que ocurra” y lo que se hace es poner ambos derechos en una balanza para ver cuáles son las condiciones que hacen que uno prevalezca sobre el otro, explicó Contesse.
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