Esta jornada, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a siete personas, acusadas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual a sus víctimas, que habían ingresado por pasos no habilitados al país, y ejercían el comercio sexual en el sector de la Plaza de Armas, específicamente en el Portal Fernández Concha.
Al respecto, el subprefecto José Contreras, jefe de la Brigada de Trata de Personas (Bitrap) Metropolitana, informó que la investigación se inició a partir de una operación internacional, en coordinación con la Interpol y 32 países de Latinoamérica.
“Ayer se logró la detención de una estructura criminal asociada a los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual. Es una investigación que lleva un par de meses gestionándose y que el equipo en conjunto con el Ministerio Público logramos la detención de alrededor de 6 ciudadanos extranjeros y 1 ciudadano chileno vinculados a una investigación por un delito que claramente afecta los derechos y la dignidad de las personas”, expresó.
Las víctimas, entre ellas una menor de edad, eran obligadas a ejercer el comercio sexual. En esa línea, la fiscal Carolina Suazo, de la Fiscalía Centro Norte, detalló que a la fecha “se ha logrado establecer la individualización de al menos seis víctimas, una de ellas menor de edad. La Fiscalía inició esta investigación a raíz de una fiscalización que efectuó la Brigada de Trata de Personas en la Plaza de Armas de Santiago, cuando se pudo rescatar a una víctima de esta organización criminal”.
“La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad y la Fiscalía Centro Norte formalizó a los imputados en su calidad de autores del delito de asociación ilícita para la comisión de delitos reiterados de trata de personas con fines de explotación sexual y al menos por la comisión de seis delitos de trata de personas con la misma finalidad. Y respecto de uno de los imputados, además se formalizó la investigación por el delito de tráfico de droga”, agregó.
Asimismo, se decretó la medida de prisión preventiva respecto de todos los imputados, por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
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