Ante el innegable avance del crimen organizado en nuestro país —acreditado en informes del Ministerio Público que dan cuenta de su expansión desde 2016 con el aumento en la tasa de homicidios (40%) y su perpetración con armas de fuego (59,9%), por ejemplo—, el escenario nos obliga a incorporar nuevas herramientas que apoyen y diversifiquen la investigación penal con el objetivo de fortalecer la inteligencia y desbaratar la economía de los delincuentes.
La seguridad es un derecho fundamental para el ejercicio de otros derechos y libertades. Esto implica abarcar sus múltiples aristas, con una mirada integral sobre la actividad delictiva. En esta línea, la persecución de la ruta del dinero se torna importante para contener el avance de las organizaciones criminales y evitar que sigan reproduciendo su modelo ilícito de negocios.
Nuestro proyecto de ley propone levantar el secreto bancario para contribuir a los objetivos de la primera Política Nacional Contra el Crimen Organizado, presentada por el presidente Gabriel Boric en diciembre del 2022. La agenda del ejecutivo apunta a la idea de desbaratar la economía de los delincuentes, rastreando movimientos de dinero sospechosos y atacando el crimen organizado donde más les duele: En su patrimonio y ganancias. Con esta iniciativa, además de buscar desarmar el negocio de los delincuentes, queremos prevenir su eventual avance en la corrupción de instituciones públicas y privadas.
La aplicación de esta medida actualmente es muy acotada, razón por la que nuestro proyecto busca ampliar el levantamiento del secreto bancario a la investigación de un catálogo mayor de delitos, tales como sicariato, tráfico de personas migrantes, fabricación y venta de armas y tráfico de estupefacientes, entre otros. En efecto, muchas de las actividades que dicen relación con la economía criminal hoy no pueden ser fiscalizadas precisamente porque se amparan en la reserva bancaria, impidiendo la oportuna detección y control de los ilícitos.
La evidencia muestra que no basta con aumentar las penas para reducir los delitos que cometen las bandas y el crimen organizado. Se trata de evitar la impunidad respecto de todas las aristas que hacen parte de su actuar, fundamentalmente la de las ganancias que lo sostienen. Este objetivo solo se puede lograr, sí se amplía y perfecciona nuestra inteligencia económica y entregamos mejores herramientas al Ministerio Público para investigar.
No podemos ahorrarnos ningún esfuerzo a la hora de perseguir la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hemos decidido avanzar a paso firme en un esfuerzo global que nos ayude a detectar, investigar y sancionar de forma más efectiva los delitos que tanto agobio e intranquilidad han sembrado en nuestra población. No vamos a retroceder en nuestro deber de garantizar la seguridad que la ciudadanía exige y merece.
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