Diversos medios de comunicación han dado cuenta de una mala práctica instalada en gobiernos locales del país: la asignación indiscriminada de horas extra en ciertas Municipalidades como una nueva forma para desviar dineros fiscales. Allí se estarían agregando y pagando enormes cantidades de horas extra a funcionarios, no sólo pese a no haberse realizado, y no sólo superando el límite legal permitido para ellas, sino qué desafiando, incluso, el número de horas existentes en el día. Mucha de esta información está a la vista de la ciudadanía gracias a que su publicación constituye obligación de transparencia activa.
El que se haya usado lo que dispone la ley de transparencia para obtener esta información, evidencia la importancia de nuestra norma y lo importante que es utilizarla para hacer exigible la rendición de cuentas de las autoridades por parte de la ciudadanía. En esto, los medios de comunicación han cumplido un rol fundamental.
Gracias a las obligaciones de Transparencia Activa, los órganos del Estado deben publicar y actualizar sus movimientos y pagos, con alto nivel de detalle. Este es un importante elemento disuasorio, porque no se trata solo de tener disponible la información, sino que también de exigir integridad en el comportamiento público y sancionar cuando existan irregularidades
Así, la Transparencia Activa toma su fuerza si cuenta con una serie de observadores con la motivación de involucrarse en el funcionamiento del Estado, con las facilidades para hacer uso de las herramientas que se ponen a su disposición (calidad y claridad de la información que recolecta) y, por supuesto, con alguien que los escuche y tome acción frente a sus denuncias.
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Valoramos cómo las herramientas de transparencia se han ido acercando a la gente, a las organizaciones de la sociedad civil y al periodismo investigativo y se están usando cada vez más para el control ciudadano, pues para esto existen. Gran parte de la labor del Consejo para la Transparencia se ha enfocado a transmitir este mensaje.
Pero hace falta reforzar la tarea en el uso y los alcances de los mecanismos de seguimiento que el Estado ha instaurado. También implica un arduo trabajo de vinculación con el mismo mundo público, a fin de asegurar que sean ellos mismos quienes estén atentos, investiguen y denuncien sobre irregularidades que puedan estar ocurriendo en sus esferas de acción, además de lo que hace el Consejo para la Transparencia con sus propias acciones, que en el caso de horas extra ha sido dos fiscalizaciones focalizadas los años 2017 y 2019, a partir de las cuales ha oficiado a la Contraloría para que aplique las sanciones que correspondan.
El erradicar las malas prácticas en un primer lugar comprende un trabajo de socialización respecto de los mecanismos y herramientas que existen para esto; pero luego compete formar a la ciudadanía y al mismo mundo público en su rol de control y asegurar que las denuncias serán investigadas. No claudicaremos en seguir realizando nuestra labor e incitando a la ciudadanía a ser nuestro consorte en esta tarea, porque solo así podemos seguir avanzando en el aseguramiento del buen uso de los recursos de todos y todas.
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