Este miércoles se conoció de la respuesta que el régimen de Nicolás Maduro entregó al informe elaborado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Michelle Bachelet, que señaló que en Venezuela existen “graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud”.
“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena“, dice el documento.
El texto elaborado por Bachelet hace especial énfasis en las violaciones a los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Nicolás Maduro y llama a terminar con vulneraciones graves “como tortura y ejecuciones extrajudiciales”.
Sin embargo, desde el gobierno chavista señalaron que este posee una visión “distorsionada” que es “el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración”.
Por eso, en el documento de respuesta presentaron 70 observaciones en las que la administración venezolana critica el informe elaborado por Bachelet, y apunta a la omisión de ciertos factores que claramente los perjudican.
“En este documento se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, afirman.
Además, aseguran que el 82% de las entrevistas utilizadas por la Acnudh para fundamentar su informe fueron realizadas a personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, además de las dos visitas que el organismo realizó al país en 2019: la primera fue durante 12 días en marzo, y la segunda entre el 19 y 22 de junio.
“El informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos. Sobre este punto, debe tenerse presente que la OACNUDH está llamada por las normas y principios internacionales a realizar en sus informes una evaluación objetiva e imparcial de la situación de derechos humanos de los países que integran la ONU”, continúa.
“Esa objetividad en el análisis solo puede alcanzarse realizando un justo balance en el manejo de las fuentes de información, así como de los avances y desafíos que presenta un determinado Estado sometido a valoración”, señala.
“No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia”, agrega.
“Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la OACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles. En los párrafos siguientes se destacarán, a modo de ejemplo, algunos de esos errores”, afirma el texto.
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