Altos funcionarios estadounidenses informaron al Congreso que no existe base jurídica para lanzar ataques dentro de Venezuela, pese al despliegue militar en el Caribe. La administración, sin embargo, evalúa una opinión legal que le permita actuar sin autorización del Congreso.
(Con información de CNN) – Funcionarios del Gobierno de Donald Trump aseguraron este miércoles al Congreso que Estados Unidos no tiene justificación legal para atacar objetivos terrestres en Venezuela, descartando por ahora una intervención militar directa en el país sudamericano.
Según informó CNN, la sesión informativa —dirigida por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y un funcionario de la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca— dejó claro que la actual campaña militar de Washington contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico no autoriza ataques dentro de territorio venezolano.
La orden de ejecución que dio inicio a las operaciones en septiembre se limita a embarcaciones presuntamente utilizadas por organizaciones criminales en América Latina, sin extenderse a objetivos terrestres. Hasta ahora, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han realizado 16 ataques contra barcos en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de al menos 67 muertos.
Pese a ello, la administración de Trump solicitó una nueva opinión al Departamento de Justicia que podría justificar ataques terrestres sin requerir la aprobación del Congreso. “Lo que es cierto hoy puede que no lo sea mañana”, dijo un alto funcionario estadounidense, sugiriendo que el presidente aún no ha decidido cómo abordará la situación en Venezuela.
El despliegue militar en la región, que incluye el grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford, ha generado especulaciones sobre una eventual ofensiva. Sin embargo, fuentes del Pentágono aseguran que los recursos se movilizan solo para operaciones antinarcóticos y labores de inteligencia.
Durante la sesión, el senador demócrata Mark Warner destacó que “los recursos de inteligencia son bastante buenos”, aunque cuestionó por qué se recurrió al uso de la fuerza letal en lugar de interceptar las embarcaciones, como suele hacer la Guardia Costera.
En tanto, el congresista Gregory Meeks, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, señaló a CNN que no escuchó argumentos convincentes sobre la legalidad de los ataques y que los informantes “no compartieron pruebas que vinculen directamente a las embarcaciones o a sus tripulantes con el narcotráfico”.
Funcionarios del Gobierno sostienen que los ataques se basan en inteligencia que rastrea los barcos desde su origen hasta sus puntos de entrega. “Estos ataques se rastrean con sumo cuidado”, dijo Rubio, quien afirmó que el proceso “es riguroso y no se ejecuta sin verificación”.
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