"Me abstengo a declarar, al amparo del artículo 170 numeral 6 del NCPP (Nuevo Código Procesal Penal), al ser una pregunta capciosa, ya que no se puede determinar si mi respuesta es como imputado y testigo", precisó el expresidente Pedro Castillo, tras ser cuestionado por el cierre del Congreso el pasado 7 de diciembre.
(EFE) – El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) calificó de “preguntas capciosas” las interrogantes que le hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso sobre las decisiones y el contexto que lo llevaron a intentar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.
“Me abstengo a declarar, al amparo del artículo 170 numeral 6 del NCPP (Nuevo Código Procesal Penal), al ser una pregunta capciosa, ya que no se puede determinar si mi respuesta es como imputado y testigo”, sostuvo Castillo al responder a 11 preguntas que le envió la SAC, señaló un documento difundido este martes por el Canal N.
El numeral 6 del artículo 170 del NCPP indica que “son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última, en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, las rechazará, de oficio o a pedido de algún sujeto procesal”.
Entre las preguntas que se le enviaron a Castillo figuraba “¿cuándo y por qué decidieron cerrar el Congreso de la República e intervenir las entidades del sistema de justicia y detener a la fiscal de la Nación?”.
Además, se le preguntó quién “elaboró” el mensaje que dirigió por televisión el 7 de diciembre, con quién “coordinó” el cierre del Congreso y a quienes convocó al Palacio de Gobierno para que estén presentes mientras daba su mensaje, además de detalles sobre otras coordinaciones que hizo antes y después de anunciar su decisión.
En sus respuestas, el exgobernante sostuvo que los sucesos del 7 de diciembre “se encuentran en plena investigación ante el juez de investigación preparatoria”, por lo que existe “una duplicidad de investigación: una por el Congreso y otra por el Poder Judicial”.
El Canal N indicó que las respuestas al cuestionario fueron entregadas el pasado viernes al Congreso por uno de los abogados de Castillo, Eduardo Pachas.
Ese día, el Congreso aprobó una denuncia constitucional que habilitó a la Fiscalía para acusar a Castillo por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas, un caso por el que también se acusa a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
Durante su intervención virtual, el abogado Pachas solicitó sin éxito que Castillo pueda ejercer su derecho a la defensa de manera presencial ante el pleno y calificó de “absurda” la acusación, por lo que pidió que la denuncia sea archivada.
Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de golpe de Estado, que llevó al Congreso a destituirlo por “permanente incapacidad moral” y designar en su reemplazo por sucesión constitucional a su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Otro de los abogados de Castillo, Walter Ayala, informó este martes que Castillo ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordene al Estado peruano su “inmediata libertad” y restitución como mandatario.
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