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(EFE) – El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue internado este domingo en una clínica de Lima tras sufrir una descompensación en la prisión donde cumple 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, informaron fuentes oficiales.

Fujimori presentó el “cuadro de descompensación” durante la madrugada del domingo, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital de la Seguridad Social en el distrito de Ate-Vitarte, en el este de Lima y cercano a su prisión, detalló el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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En ese centro médico “pudo ser estabilizado” y hacia las 11.00 hora local fue llevado “para su respectivo monitoreo” a la Clínica Centenario, en el distrito de Pueblo Libre, donde es tratado habitualmente de sus problemas de salud.

Fujimori, de 83 años, ha sido internado en los últimos meses en varias ocasiones por presentar problemas cardíacos y fibrosis pulmonar, y también padece de gastritis y unas lesiones en la lengua conocidas como leucoplasia, que son consideradas precancerígenas.

El ex mandatario cumple una sentencia dictada en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que provocaron la muerte de 25 personas, en total, así como por el secuestro de un periodista y un empresario tras el “autogolpe” de 1992.

El pasado 8 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano que se abstenga de cumplir una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restituyó el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

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Tras conocerse la decisión del tribunal internacional, la líder opositora Keiko Fujimori, hija mayor del ex presidente, aseguró que no pierde la fe de que su padre sea liberado, y calificó el fallo como “absolutamente injusto para una persona enferma y de avanzada edad” a la que causa “muchísimo dolor”.

La CIDH también requirió al Estado de Perú que presente, a más tardar el próximo 13 de mayo, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar por los casos Barrios Altos y La Cantuta en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el TC.

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