El pasado miércoles, la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó iniciar una investigación por posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos en cualquier parte del territorio de Ucrania, que involucrarían directamente a Rusia en medio del conflicto armado que su Ejército mantiene en el territorio.
Esto, tras la petición de 39 Estados y la solicitud formal del fiscal de organismo, Karim AA Khan, quien aseguró que su objetivo será “garantizar la rendición de cuentas por los crímenes que caen dentro de la jurisdicción de la CPI”.
Para profundizar en el tema, CNN Chile conversó con el ex director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien también anaizó las posibilidades de una sanción a pesar de que el gigante euroasiático no ha ratificado el estatuto de Roma.
“Las bombas de racimo están prohibidas, porque no tienen capacidad para discriminar entre blancos militares legítimos y aquellos que no lo son”, manifestó Vivanco sobre una de las principales acusaciones públicas respecto al ataque ruso. “Una de las obligaciones centrales en cualquier conflicto armado es, como se dice, ‘tirar a matar’, pero a combatientes, o sea, hasta la guerra tiene reglas de conducta, que están contenidas en las comisiones de Ginebra y la obligación de cualquier parte involucrada en un conflicto es, bajo ninguna circunstancia atacar a la población civil“, señaló, agrando que “hay constancias que HRW ha logrado verificar, del uso de bombas de racimo por parte de las fuerzas rusas”.
“Hay blancos militares legítimos, que son esencialmente soldados”, indicó Vivanco, no obstante, advirtió, “si resultan lesionados lugares de la burocracia local, el Parlamento, un hospital, una escuela o un barrio residencial, da igual si fue o no con bombas de racimo, desde ahí inmediatamente se configura en principio un crimen de guerra que, en este caso, debe ser investigado por la fiscalía de la CPI”.
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Consultado por las decisiones de Putin, que ante muchos parecen motivadas por la impunidad, Vivanco afirmó que “sus acciones demuestran un profundo desprecio por la vida humana, la verdad y las normas de convivencia“, añadiendo que “la decisión que asume de invadir otro Estado soberano, sobre la base de una sarta de mentiras para intentar justificar esta acción militar, es algo expresamente prohibido por el derecho internacional“. Asimismo, sentenció que “la historia demuestra que son cosas por las que inevitablemente deberá dar cuentas”.
En cuanto a los recursos que podrá tener la justicia internacional tras la investigación, Vivanco sostuvo que “Rusia es de los pocos países que no ha ratificado el estatuto de Roma, es decir, no está obligada por lo que pueda opinar o dicidir la CPI, así que ellos se sienten con las manos libres y puede proceder de cualquier manera, cometer atrocidades y no van a responder ante la CPI, salvo que así lo decida el Consejo de Seguridad de Nacioned Unidas, pero en ese consejo están ellos y tienen poder de veto“.
Sin embargo, subrayó que, aunque “desde el punto de vista jurídico el plan de Putin tiene sentido, lo que no él contempló es que Ucrania reconoció explícitamente en una declaración de 2014 la jurisdicción de la CPI para su territorio y le da jurisdicción a la fiscalía de la Corte para que investigue atrocidades pasadas, presentes y futuras”.
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