En 1979, un decreto supremo del régimen de Pinochet estableció una política nacional de desarrollo urbano que generó un cambio cultural que hoy se expresa de manera dramática.
Lo vimos esta semana, con pueblos y ciudades completamente inundados, y construcciones en zonas de riesgo que simplemente colapsaron con las lluvias, como el edificio Kandinsky en las dunas de Reñaca.
El texto de la Dictadura decía que “el suelo urbano no es un recurso escaso y su uso queda definido por su mayor rentabilidad. Debe regirse por disposiciones flexibles, definidas por los requerimientos del mercado”.
Se determinaba un mínimo de intervención estatal en que el MINVU prácticamente se ponía al servicio del mercado inmobiliario.
Mucho de su espíritu subsiste, a pesar de la derogación del decreto el año 2001 y de la dictación de la bien orientada Política Nacional de Desarrollo Urbano el 2014. Subsiste porque no solo instaló prácticas, sino que promovió normas urbanas por medio de planes reguladores que permiten descriterios como construir edificios sobre humedales o a escasos metros de cursos de agua que tarde o temprano se desbordarán.
Desgraciadamente la mayoría de las leyes y normas que hacen concreta la planificación de las ciudades están desactualizadas, parchadas o son derechamente anacrónicas. Un ejemplo extremo: el plan regulador de Valparaíso es de 1984. Y planificar una ciudad es un proceso a 30 años de plazo o más.
Ya no estamos hablando aquí de proteger solo el medioambiente, sino la vida de las personas en medio de la feroz crisis climática. Y mientras el Estado no recupere el rol que nunca debió perder, seguiremos en riesgo. El nuevo texto constitucional -si es que tenemos uno- debiera establecer claramente el bien colectivo sobre el bien individual en estas definiciones.
Y una señal preocupante es que el Gobierno siga ignorando al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, una instancia pública que lleva un año y medio sin sesionar, a la espera del nombramiento de nuevos integrantes y que cumple un rol de consulta, participación y coordinación entre el estado y los privados.
Cuesta entender esta decisión del MINVU, ya que hablamos del bloqueo de la institucionalidad que de manera consensuada nos dimos para avanzar en la urgente tarea de planificar ciudades más justas y resilientes.
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