“En Santiago 2023 está en juego el prestigio de Chile, no de un gobierno o un presidente”, dijo Gabriel Boric en la pasada Cuenta Pública.
Al día siguiente, se informó la renuncia de la cuarta directora ejecutiva de la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la llegada de Harold Mayne-Nicholls, para intentar resolver los graves problemas que han existido desde el comienzo, como el retraso en la habilitación de los recintos o el bloqueo de las platas por parte del Gobierno, debido a que faltan por rendir más de $50 mil millones.
Las críticas se dirigen a las malas gestiones de las exministras Cecilia Perez, del gobierno de Piñera, y Alexandra Benado, de Boric. Fuentes del evento dicen que, a pesar de que apenas faltan cuatro meses, los Juegos se realizarán de manera exitosa y que todo estará listo a tiempo. Y sobre las groseras fallas de gestión, con papeles perdidos que impiden las rendiciones de los años 2020 y 2021, aseguran que hay más de 100 personas trabajando para hacer calzar la contabilidad, y sostienen que nadie se ha robado ni un peso. Especialmente preocupados están en el Ministerio del Deporte y el IND, ya que son socios de la corporación y al mismo tiempo contralores. Veremos lo que dicen las instancias fiscalizadoras.
Pero hay una señal que permite ser optimistas: las últimas designaciones en Santiago 2023 son de personeros más bien independientes y ligados a lo netamente deportivo: el ministro Jaime Pizarro, para empezar, y ahora Harold Mayne-Nicholls. El tiempo apremia, esta vez no hay espacio para errores.
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