Dos incidentes viralizados en redes sociales han dado que hablar. La semana pasada el abogado Matías Pérez Cruz expulsó a tres mujeres acusándolas de estar en su propiedad, a orillas del Lago Ranco, advirtiéndole “que era abogado”. Esta semana, en Pirque, otro hecho similar: en un supermercado Cristián Rosselot tuvo una discusión con trabajadores, a quienes descalificó y agredió verbalmente, tras lo que amenazó con demandas. La advertencia fue la misma. “Soy uno de los 50 mejores abogados de Chile”.
Ambos casos motivaron durísimas críticas y los aludidos acusaron mala fe y un linchamiento público.
Desde el Colegio de Abogados criticaron la reacción de sus colegas. “Daña la profesión”, dijo un consejero del Comité de Ética, “cuando se invoca la carrera de abogado para obtener una ventaja de carácter particular”. Lo que muestra que no es sólo un arrebato tuitero.
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¿Qué es lo que realmente ha generado indignación en parte de la ciudadanía? ¿Es sólo el arranque de ira? ¿Es el puñado de garabatos lanzados en un mal día? No. Mal que mal, le podría ocurrir a cualquiera. Lo que genera tanto rechazo es lo que pareciera estar de fondo: la posición de privilegio en la que se sienten algunos.
Es el pedestal en el que se sitúan para concretar estas amenazas. Ya sea por su profesión, por un alto cargo o una red de contactos importante. Es buscar la intimidación enrostrando el currículum. El apellido preciso, la empresa correcta y el vínculo adecuado que entregan esa particular sensación de seguridad que sólo comparten unos pocos.
Herramientas que duelen, molestan, pero que siguen siendo poderosas en un país como el nuestro.
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