Ministra Orellana: Si la derecha “quiere liberar a los violadores de DD.HH. en Punta Peuco, que firmen un indulto”, por debate del proyecto que conmuta penas

Una de las integrantes del comité político que acompañó desde el inicio hasta el final al Presidente Gabriel Boric fue la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. En conversación con CNN Prime, realizó un recorrido por los diversos momentos que enfrentó el Gobierno.

En cuanto a la contingencia, y respecto al debate por la reunión de emergencia que sostuvieron el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo José Antonio Kast, en el marco del Día de la Mujer, tras el quiebre por las diversas versiones que surgieron en torno al proyecto de cable submarino chino, señaló que se trata de una fecha en la que el país dialoga.

“Creo que la relevancia del 8 de marzo es precisamente que es un acto que sobrepasa los actos institucionales. Hace mucho tiempo es un día en el que en el país se dialoga; me parece muy bien que el presidente electo haya decidido retomar el diálogo”, comentó.

La intervención de la UDI

Consultada sobre la intervención de militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes desplegaron un cartel con el rostro de Manuel Monsalve, acompañado de la frase: “El verdadero legado feminista de Boric”, respondió: “¿La UDI no tiene nada que decir respecto al 8 de marzo más que hablar de Monsalve? Van a ser gobierno pronto, ¿no tienen propuestas, no tienen acuerdos, no tienen ideas que levantar? Lo encontré un poco sin asunto”.

Cabe recordar que Monsalve se desempeñó como subsecretario del Interior durante la administración saliente y fue denunciado por una funcionaria de Gobierno por el presunto delito de abuso sexual y violación.

 

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“Si quieren liberar a los violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco, firmen un indulto”

Respecto al debate sobre el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud y edad —cuya idea de legislar fue aprobada en el Senado—, las secretaria de Estado sostuvo que se trata de una “ley de impunidad”, puesto que, desde su perspectiva, “no distingue tipos penales” ni contempla “mecanismos que permitan balancear que las víctimas puedan oponerse, como lo establece la ley de libertades condicionales”.

“Ahora, si quieren liberar a los violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco, bueno, no sé, firmen un indulto, pero no ocupen al sistema carcelario como excusa para eso, porque además de pasada están permitiendo que un montón de agresores peligrosos puedan beneficiarse. Yo creo que las personas que son genocidas o violadores de derechos humanos son un peligro para la sociedad. Pero despejemos: algunos dicen que ‘algunos están con Alzheimer’. Yo no conozco el detalle, pero a mí me parece una ley de impunidad, porque precisamente la técnica legislativa es no distinguir nada. De hecho, ya la propia abogada de Miguel Krassnoff, uno de los criminales más sanguinarios de nuestro país —que no está condenado a más de mil años por lindo ni por una conspiración de la izquierda, sino porque es un asesino serial, un torturador y un violador de mujeres—, reconoció que redactó el borrador de ese proyecto de ley”, remarcó.

Orellana aludió a la jurista Carla Fernández Montero, después de que en el programa Informe Especial de TVN revelara que el borrador elaborado por Fernández habría llegado al senador Francisco Chahuán (RN), uno de los autores del proyecto.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre las críticas que deslizó contra el senador gremialista Javier Macaya, argumentó:

“El hoy ministro del Interior (Álvaro Elizalde), siendo legislador, no votó; se abstuvo respecto de la votación del fiscal nacional, porque reconoció que tenía vínculos con él. Creo que da al menos para cuestionarse que una persona que tiene un puesto de senador de la República —que tiene entonces la obligación de la impersonalidad y de evaluar el bien público detrás de una decisión— tenga, al mismo tiempo, a su padre arriesgando penas que precisamente le beneficiarían si se aprueba ese proyecto de ley”, y remarcó que se trata de “un conflicto de interés evidente”.