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Con 10 votos a favor, dos en contra y una abstención, el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó el uso de emergencia de la vacuna del laboratorio chino Sinovac contra el COVID-19.

En Chile, la Pontificia Universidad Católica (PUC) lidera los ensayos clínicos de esta inoculación. Por lo mismo, en conversación con CNN Chile, el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, aseguró que Sinovac “protege muy bien de infecciones graves, es segura y es fácil de administrar”.

El médico de profesión explicó que “la vacuna de Sinovac es tradicional a virus muerto, como hay en muchas otras vacunas para otras enfermedades. Tanto en nuestra experiencia como en la internacional ha demostrado ser una vacuna muy segura, libre de efectos adversos de importancia, se puede manejar y transportar muy fácilmente porque no requiere niveles extremos de temperatura”.

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Hasta el momento, Sinovac está autorizada sólo para menores de 60 años. “Probablemente, en las próximas semanas, con mayor información, podrán volver a analizar ese tema”, dijo Sánchez.

Respecto a la efectividad, el rector de la PUC especificó que “toda vacuna que esté autorizada en nuestro país y en países que tengan agencias evaluadas rigurosas, podemos tener confianza en ellas. En Chile no estaría autorizada una vacuna si no tiene la efectividad necesaria”.

El doctor que lideró los estudios de Sinovac en Chile, Alexis Kalergis, dijo que la inoculación tiene seroconversión. Ante esto, Sánchez explicó que esto significa “la capacidad de generar anticuerpos y que dure la inmunidad de las personas”.

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“Tenemos que ver cuanto tiempo dura la protección con cada una de las vacunas, pero todo es en base a suposiciones, porque no hay un seguimiento de cuánto duran los anticuerpos a un sujeto vacunado en largo plazo, porque ese largo plazo no ha existido todavía. Por eso hay que hacer estudios de seguimiento en distintos partes del mundo para tener el conocimiento de qué ocurre con la producción de anticuerpos”, advirtió.

Finalmente, respecto al plan de vacunación del gobierno, ratificó que “cuando estamos hablando de vacunar a más de 10 millones de personas, la autoridad sanitaria es quien tiene que definir que vacuna recibe cada grupo etario y somos los ciudadanos quienes tenemos que acatar esa decisión”.

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