La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, conversó con CNN Chile sobre la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el ex director de la PDI, Héctor Espinosa, por malversación de caudales públicos.
Cabe destacar que la acción judicial, que también contempló los delitos de falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos, se basa en los cuantiosos depósitos en efectivo efectuados en las cuentas corrientes de la ex autoridad y su cónyuge sin justificación.
En mayo, cuando el medio Ciper publicó un reportaje dando a conocer la adquisición de un departamento por $400 millones por parte de la esposa, tiendo al exdirector como codeudor, la Policía de Investigaciones aún era valorada públicamente como una institución al margen de otros casos de corrupción.
Al respecto, quien preside el Consejo indicó que en la última encuesta para la transparencia, “aparecía efectivamente la PDI como una de las instituciones más confiables del país en el combate contra la corrupción“, sin embargo, de la Fuente consideró de manera positiva que, en este caso, “operaron las instituciones para generar una alerta temprana”.
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En cuanto al riesgo que significa, para estos casos, los gastos reservados de las fuerzas de orden, de la Fuente señaló que “es positivo que se abran puertas para que exista un mayor control social de este tipo de situaciones” y que “debe haber una discrecionalidad respecto a gastos, para prevenir cuestiones irregulares”. En el caso particular de la PDI, la cientista política consideró que “deberían reducirse o derechamente eliminarse si no tienen justificación en el ejercicio de un cargo“.
“Tenemos una oportunidad como país de reconstruir las confianzas y eso significa tener que abrir las puertas, abrirse a la rendición de cuentas y al acceso de la información pública que permite a las personas poder hacer un control social”, sentenció de la Fuente en torno a la deuda de las instituciones con la transparencia.
En ese sentido, recordando el derecho a la presunción de inocencia en el procedimiento judicial que se lleva a cabo, la representante destacó que “PDI está dentro de las cinco instituciones más reclamadas por falta de acceso a la información en el país”.
Además, destacó la labor de persecución tras la denuncia: “es importante que las instituciones que persiguen y deben sancionar actos de corrupción, lo hagan de manera adecuada y categórica respecto a este tipo de delitos”.
Finalmente, sostuvo que “no basta con generar una Ley de transparencia, que igualmente ha sido un instrumento clave; hay que fortalecer un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, que implica también tener sanciones adecuadas“.
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