Luego que el Decimocuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva para siete personas por emitir licencias médicas falsas, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Peribonio, no descartó perseguir penalmente a las personas que compren este tipo de documentos.
Junto a las siete personas mencionadas, la justicia dictó medidas cautelares contra 23 imputados ante la formalización de la agrupación que emitía licencias médicas falsas.
No descartan persecución penal a compradores
En entrevista con CNN AM de CNN Chile, Peribonio fue enfático en precisar que “se comete el delito cuando se emite la licencia médica, el médico que está emitiendo fraudulentamente la licencia médica comete un delito, pero también comete delito quien compra una licencia médica”.
“Las dificultades probatorias que ha habido históricamente en esta materia es que precisamente se trata en la mayoría de los casos de atenciones psiquiátricas o problemas de salud mental. Por lo tanto, hay problemas probatorios justamente porque se trata de una materia compleja, de difícil prueba, porque naturalmente los particulares no se acercan a declarar, no prestan la debida colaboración y naturalmente se hace dificultosa, desde el punto de vista de la persecución de delito respecto de ellos, el delito de emisión fraudulenta y captación, en este caso la obtención de un subsidio estatal de manera ilegal”, agregó.
Bajo ese punto, el presidente del CDE le hizo un llamado a la ciudadanía para que “sepa que si (una persona) compra una licencia médica falsa a sabiendas de que es falsa, naturalmente ese ciudadano tiene que saber que se puede ver envuelto en un proceso penal y, eventualmente, también condenas penales”.
“Es un delito, por lo tanto, si se llega a determinar que esa licencia y ese reposo es falso, ideológicamente falso, y que se consiguió con un fin espurio, naturalmente que esa persona también puede verse afectada por el proceso penal”, añadió.
Finalmente, Peribonio reiteró “que la ciudadanía sepa que si compra licencias médicas, a pesar de las dificultades probatorias, yo no descarto de que nosotros como Consejo de Defensa del Estado y otras instituciones afectadas, incluyendo las Isapres que también son perjudicadas, puedan perseguir su responsabilidad penal”.
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