Este jueves conocimos detalles de una querella presentada en contra el almirante de la Armada Julio Leiva. La presentación acusa que la máxima autoridad habría financiado, por la vía de gastos reservados, una serie de acciones tendientes a amedrentar al magistrado Jaime Arancibia Pinto.
Seguimientos, amenazas e interceptación de llamadas son algunas de las denuncias. Y buscarían evitar el trabajo del juez, que tiene a su cargo investigaciones de Derechos Humanos. El caso es grave. Y aunque recién fue declarado admisible, debe ser aclarado cuanto antes.
La Armada se defiende y dice que la acción judicial se basa en hechos falsos. El hostigamiento denunciado, que recuerda los años más oscuros de nuestra historia reciente, es inaceptable en cualquier Estado democrático. Cualquier esfuerzo por impedir el trabajo de los jueces por esclarecer estos casos atenta contra el Estado de Derecho. Y es necesario recordar, una vez más, que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y deben estar sometidas al poder civil.
Estos antecedentes coinciden, además, con una carta enviada por ex altos mandos de las tres ramas, y de Carabineros, al diario El Mercurio. Acusan fallas en las instituciones de la República y una persecución penal desigual, basada en “ficciones jurídicas” en contra de personal de las Fuerzas Armadas en causas de Derechos Humanos. Eso, advierten, debilitaría la convivencia y la estabilidad democrática.
La pregunta es si esa crítica, o las actitudes que han tenido en las últimas décadas, no han debilitado mucho más esa misma institucionalidad que dicen, mediante cartas, defender.
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