Hace algún tiempo, un informe del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia dio cuenta de la violencia a la que se han visto enfrentados estos grupos de la sociedad, especialmente desde que inició el estallido social en octubre del año 2019.
Daniela Díaz, directora ejecutiva de la institución, manifestó que decidieron hacer este estudio ya que este 2020 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportó que 264 niños, niñas y adolescentes “habían sido víctimas de violencia estatal ejercida a través de las fuerzas policiales”.
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En conversación con CNN Chile, la experta informó que, a un año del estallido social, como observatorio se quisieron preguntar “qué paso con estas cifras y con la violencia policial que ahí ocurrió y para eso levantamos un reporte”. Este informe trabaja con cifras otorgadas por la Defensoría de la Niñez.
Díaz destacó que, a pesar de que las denuncias por violencia estatal contra niños y adolescentes se concentran en el último trimestre del 2019, “esta violencia persiste en el tiempo más allá de fin de año y se prolongan hasta incluso julio de este 2020”.
“Eso demuestra que, más allá del estallido propiamente tal, la violencia persiste en el tiempo a pesar a todas las recomendaciones que han hecho organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, al Estado chileno”, recalcó.
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Entre las diferentes denuncias, Díaz detalló que “la mitad de los niños que denunció violencia policial en la Defensoría de la Niñez son usuarios del Sename (…) la situación en gravísima ya que están siendo cuidados por el Estado y es él mismo el que los vulnera desde las fuerzas policiales”.
“Lo peor de esto es que son situaciones que persisten después del estallido y de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales (…) que han dicho que es necesario revisar los protocolos del actuar policial, los procedimientos y los procesos de detención”, concluyó.
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