La reforma procesal penal ya es mayor de edad. Y al cumplir 18 años de la implementación de una de las modificaciones más importantes en la historia de la justicia chilena, llega la hora de evaluar y, si es necesario, corregir.
Una comisión de abogados entregó hoy sus propuestas al Gobierno. Hay aspectos controvertidos. Por ejemplo, la eliminación de los querellantes públicos como el Consejo de Defensa del Estado, que ha sido fundamental para empujar algunos casos de corrupción cuando el ánimo persecutorio de la Fiscalía se ha enfriado súbitamente.
También se incluyen restricciones a las medidas cautelares, como la prisión preventiva, que se ha incrementado fuertemente en los últimos años.
Hay aquí un doble discurso que es recurrente. Los políticos suelen poner el grito en el cielo cuando acusados por delitos comunes no quedan en la cárcel mientras se investiga. Reclaman, entonces, contra los jueces garantistas y levantan agendas cortas para impedir esas libertades.
Pero cuando los acusados son importantes políticos o empresarios, el discurso es el opuesto. Entonces se acuerdan de la sacrosanta presunción de inocencia y acusan de persecución a los fiscales.
La discusión recién comienza y es de esperar que se haga sin letras chicas ni dobles discursos y con la meta de tener igualdad de todos los chilenos ante la ley, sean o no del mundo de poder.
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