La Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la jornada del lunes la presentación, debate y votación de la acusación constitucional al presidente Sebastián Piñera, esto, debido a la investigación que se le cursa eventual responsabilidad en delitos de cohecho y posibles delitos tributarios. Cabe recordar que el caso estalló tras las revelaciones de los Pandora Papers, que lo vincularon a él y a su familia con la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en 2010.
Para profundizar en la naturaleza y posibilidades de esta acusación constitucional, CNN Chile conversó con el abogado constitucionalista y académico UDP, Javier Couso. En la instancia en el Congreso, ha destacado la maratónica alocución que se propuso realizar el diputado Jaime Naranjo (PS), leyendo un discurso de 1.300 páginas con el fin hacer tiempo para la llegada de los diputados Giorgio Jackson (RD) y Jorge Sabag (DC), tras presentar exámenes PCR negativos por haber sido contactos estrechos de COVID-19.
Ante dicho escenario, el abogado Couso explicó que la situación “existe en el derecho comparado; En Estados Unidos es algo habitual“. En detalle, señaló, “no en acusaciones constitucionales, pero en otros procedimientos”, manifestando que en el país del norte “hay una antigua tradición, de la cual se está haciendo eco el diputado Naranjo, que consiste en extenderse por mucho tiempo para evitar el término del debate, algo que viene de comienzos del siglo XX”. En sus palabras, se trata de “prácticas parlamentarias, que son pintorescas (…) pero trataría de trascenderlo, porque lo aquello que nos convoca es muy serio”.
En ese sentido, específicamente sobre la acusación constitucional al presidente, Couso fue enfático en señalar que sería “el típico caso en que todo indica que el presidente transgredió la Constitución y las leyes pero, a mi juicio, no se dan las condiciones para que sea aprobada la acusación y destituido por lo tanto”. El constitucionalista, que confirmó haber leído la acusación, afirmó que “el problema que tiene esto es que la Cámara no hizo una comisión especial investigadora, a pesar de que tenía tiempo hasta seis meses después del 11 de marzo de 2022 para acusar al presidente”.
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En dicha crítica, añadió, la Cámara “no hizo el trabajo previo de establecer bien los hechos; Hay mucha especulación en la acusación”. Couso dio un ejemplo para defender sus argumentos: “Se habla de un tercer pago y la cuota final que estaría condicionada a que él no declarara como zona protegida a Dominga, pero todo indica que el pago se realizó el año 2011 porque el contrato así lo indicaba, aunque no hay ninguna constancia de si se realizó o no el pago, cuestión bastante clave”.
“Incluso para sus adherentes”, insistió, “es bastante claro que el presidente no es alguien que se preocupe demasiado de sus contrapartes comerciales, entonces, si se hizo el tercer pago no está muy claro qué tiene eso que ver con un acto que debió haber ocurrido durante este periodo presidencial”. Asimismo, añadió, “tampoco tenemos claro si él supo, todos dudan del presidente por cómo pudo no saber que sus hijos estaban en esta negociación, sin embargo, el trabajo de una comisión tan importante debió haber sido acreditar, por lo menos, que hubo presunciones fundadas de que él sí sabía“.
“Una acusación así no es un proceso puramente político, es jurídico-político“, sentenció Couso, especificando que “es jurídico en el sentido de que hay causales bastante específicas para acusar a cada autoridad (…) Aquí estamos hablando de destituir a un presidente, esto es una crisis política de proporciones en cualquier país del mundo; No hubiera costado nada haber instituido una comisión especial investigadora que hubiera acreditado cuándo se hizo ese tercer pago”, indicando que “si se hizo en el primer gobierno, no había ningún incentivo para el presidente para impedir que esta zona se declarara como protegida”.
Contrastando la acusación constitucional con los impeachment en otros lugares del mundo, afirmó que “en Chile, hasta hace unos años atrás, los argumentos eran bastante más elaborados, de hecho, desde que retornó la democracia, los primeros 25 años hubo cerca de 10 ó 12 acusaciones constitucionales, pero en los últimos cinco años hemos tenido casi la misma cantidad”.
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En ese sentido, Couso manifestó que “hoy, de facto, se está utilizando la acusación constitucional, no como una herramienta para sancionar a un ministro de Estado o a un presidente por violar la Constitución, sino como un mecanismo para hacer un punto político, de crítica a una administración, a un gobierno o a un juez”, destacando que “no es tan raro, ya que la Constitución hoy es algo disfuncional“.
Finalmente, Couso advirtió que “lo negativo de todo esto es que la ciudadanía se lleve la idea de que todo es un circo”, y que “es paradójico, porque necesitamos estas instituciones, pero necesitamos que funcionen bien“, e hizo un hincapié en el lugar que debería ocupar la acusación constitucional en la nueva Carta Magna: “necesitamos tener una Constitución razonablemente bien escrita, pero sobre todo, un sistema político donde la gente sea razonable“.
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