Este jueves, un grupo de 16 convencionales presentó una iniciativa para eliminar la figura del Tribunal Constitucional, siendo la Corte Suprema, la entidad que tome su rol de resguardar el cumplimiento e integridad de la nueva Carta Fundamental.
La convencional independiente, de Movimientos Sociales Constituyentes, Manuela Royo, conversó con CNN Chile para profundizar en la propuesta que podría poner fin al órgano jurisdiccional.
La constituyente aseguró que si bien “el control de constitucionalidad es algo que existe desde hace muchos años” en diversas partes del mundo, la entidad creada en 2005 en nuestro país está compuesta por magistrados que son designados.
“Un organismo que no es democrático, como el Tribunal Constitucional, donde no existe ninguna reglamentación respecto al nombramiento de ministros o de ministras (…) puede hacer el rol de un legislador (…) y eso consideramos que es absolutamente antidemocrático”, destacó.
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Royo apeló además a que -según planteó- el TC es un organismo “altamente politizado, donde existe un negociado importante de muchas personas que cobran por litigar ahí, cobran por suspender las causas y donde también existe un conflicto político respecto a quienes sean sus ministros y ministras“.
“Lo que estamos planteando es que hoy día este rol (…) debe radicar en un órgano que esté compuesto por ministras y ministros que tengan una carrera, que tengan una experiencia jurisdiccional, como son los integrantes de la Corte Suprema, no de ministras o ministros que son elegidas a dedo por parte del poder político, porque eso es altamente antidemocrático”, explicó.
La convencional planteó también que otorgarle el rol que hoy tiene el TC a la Corte Suprema y el Congreso podría ayudar a mitigar “todas las trabas que hoy existen en materia justicia constitucional, respecto a la suspensión de causas“, detallando que más del 90% de las causas que actualmente ve el órgano, son de inaplicabilidad.
“Creemos que hoy día este control de constitucionalidad no puede esta radicado en personas con un nombramiento espurio, que muchas veces obedecen a los poderes fácticos como históricamente ha ocurrido con nuestro Tribunal Constitucional. Lo que queremos es garantía de transparencia, y evitar la corrupción de operadores políticos que ocupan estos espacios”, afirmó Royo.
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