Lo hemos dicho: lo que ocurre en Rancagua es gravísimo. A los tres jueces suspendidos por la Corte Suprema y a la investigación penal, se suma ahora la disputa dentro de la Fiscalía de la Región de O’Higgins entre Emiliano Arias y Sergio Moya, cuya naturaleza aún no podemos dimensionar, pero sí que aquí está en juego la credibilidad del Ministerio Público.
Y es tan grave todo porque, como hemos señalado, la Justicia es el último refugio de los ciudadanos en una democracia. Por lo tanto, las soluciones que se busquen deben ser las adecuadas y es alarmante una de las ideas propuestas: que los fiscales puedan ser acusados constitucionalmente. Esa es la mejor manera de quitarle su autonomía al Ministerio Público y que sea sólo de papel.
Y lo propone Iván Moreira, que fue investigado por el financiamiento ilegal. Pensemos con cuánta libertad hubiera actuado el fiscal de su caso si Moreira hubiera sido parte de quienes lo podían destituir.
Lo que sí parece necesario hacer, pero de manera reflexiva, es mdificar el sistema de nombramiento de fiscales y jueces. El de hoy es opaco y es resultado muchas veces de pagos de favores y presiones a favor del candidato que se cree será más funcional a intereses espúreos, no del más capaz.
Por eso si, de alguna manera, el ascenso de los magistrados deja de depender del gobierno de turno o si los fiscales no tienen que buscar apoyo en las Cortes de Apelaciones, si el Senado se queda sin el peso que hoy ostenta en el nombramiento del fiscal nacional y de los ministro de la Suprema, el sistema sería mucho mucho mejor.
Hoy la conjugación de intereses es muchas veces vergonzosa: yo te nombro, tú lo apoyas, él nos premia, nosotros ganamos, ustedes pierden, ellos… impunes.
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