Por Mónica Rincón
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Raúl Guzmán (Fiscal Regional Metropolitano Sur), si es ratificado en sala, asumirá como secretario del Senado, sin seguirse la tradición de nombrar a funcionarios de carrera interna. Una vez más no hay nada ilegal, pero por varias razones parece una decisión inapropiada.

Primero, porque como principio general, el Ministerio Público debería estar lo más alejado posible de la política y de los políticos. Además, la Fiscalía es el órgano encargado de la persecución penal también de los legisladores y en temas tan sensibles como el financiamiento de sus campañas. Por lo tanto, que alguien mientras es persecutor piense en postular y luego concrete dicha postulación a un cargo en el que trabajará para quienes podría haber investigado antes, siembra dudas.

No es primera vez que esto se discute: ya ocurrió con la designación de Alejandro Peña en el Ministerio del Interior, cuando Peña había llevado la causa de los bombazos.

En el caso de Guzmán, por ejemplo, él es Fiscal Metropolitano Sur y es en esa jurisdicción que está la investigación por presunto tráfico de influencias contra el senador Manuel José Ossandón.

Pero hay más: el Senado ha tenido un conflicto con el Ministerio Público al negarse a entregar los informes de los asesores que la Fiscalía requirió. ¿Será Guzmán un custodio de esa decisión?

Si el esfuerzo por aislar a los fiscales de presiones políticas se topa con que sus ascensos o nuevos puestos dependen de que se lleven bien con el gobierno o con el Congreso, entonces ese esfuerzo no sirve de nada.

Como ha dicho el abogado Luis Cordero, las formas y no sólo la ley son esenciales en el Estado, no son simple burocracia. Definen su identidad y cuando la política olvida eso, desinstitucionaliza al Estado y lo transforma en cotos de caza.

Por eso, porque las formas sí importan, es igualmente criticable la reunión del senador Letelier con el fiscal Abbott, o la designación de Javiera Blanco en el CDE mientras ella tenía causas pendientes, o que el entonces subsecretario Wagner recibiera a los encargados del proyecto Dominga mientras percibía dinero del grupo Penta.

Porque la confianza en las instituciones debiera estar en la base de nuestra democracia. 

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