Hechos. El padre, Jorge Bofill, un brillante abogado, defiende hace dos años a la empresa Hyundai que ahora amenaza con paralizar los trabajos del Puente Chacao. El hijo de Bofill trabajaba en su estudio y en 2018 entró como asesor jurídico de la subsecretaría de Obras Públicas.
Si hay conflicto de interés a nivel legal, eso es tema de otras instancias. Pero la prudencia aconsejaría que, o el padre no toma el caso, o el hijo anuncia públicamente que no trabajará en nada que tenga que ver con el contrato con Hyundai.
Más complejo parece que su socia en la oficina de abogados, Loreto Silva, haya sido la ministra de Obras Públicas durante cuyo mandato se adjudicó la obra y maneje información altamente sensible. Ella ha dicho que por eso no participa en nada relacionado con Hyundai.
No se trata aquí de cuestionar la capacidad profesional de los involucrados, sino la prudencia de relaciones tan estrechas entre ex reguladores y actuales demandantes del Fisco.
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Algo que también vimos en varias ocasiones en cada gobierno desde que retornó la democracia.
A estas alturas debiera ser evidente que el estándar para el sector público va más allá de lo meramente legal. Porque si no el malestar, la sensación de desigualdad, crecen y la pregunta, como alguien acertadamente apuntó, es si ¿en esta área Chile cambió?
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