Es difícil opinar salvo decir que es un asunto oscuro. Y que los medios han tratado de poner algo de luz sobre él, pero sus protagonistas no contribuyen a esclarecer las legítimas dudas sobre el famoso informe Big Data.
La Tercera reveló que una empresa española sería la autora. Hoy, el medio Interferencia dio a conocer que esa empresa trabaja para Quiñenco (grupo Luksic) y afirmaron que ellos lo entregaron al gobierno. Aquí las versiones se contradicen y como los involucrados en general han hablado poco, nada o a través de comunicados, sólo queda dejar planteadas las preguntas.
El Gobierno sostiene que ellos no pagaron por el informe. Quiñenco advierte que ellos tampoco. ¿Quién pagó entonces? ¿Alguien más encargó el famoso informe? ¿A la empresa española se le ocurrió por cuenta propia?
¿Se reunió el entonces subsecretario Ubilla en la ANI con el ex ministro y actual ejecutivo de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, como sostiene Interferencia y ratifica La Tercera? Si es verdad, ¿qué hacía ahí, en calidad de?
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Y si no existió esa reunión, ¿cómo llegó a manos del gobierno el Big Data? ¿Con qué fondos se pagó?
El grupo Luksic dice que se limitó a poner en contacto al gobierno con Alto Data Analytics, algo que el subsecretario del Interior, en una acotada intervención, ratificó. Incluso en ese caso, ¿por qué una empresa privada tiene que cumplir este rol? ¿No tiene el Gobierno la capacidad de hacer simples informes de redes? ¿Qué contiene el otro informe que dice el ministro Gonzalo Blumel que le entregó al Ministerio Público? ¿Ese sí posee información “altamente sofisticada” como él, pero no Jorge Abbott, ha calificado los antecedentes que proporcionó?
¿Hay información de inteligencia en todos estos episodios o justamente un intento por ocultar su carencia?
Estas y otras, son parte de las muchas preguntas que merecen respuestas y siguen sin tenerlas.
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