En el papel, Chile tiene un riguroso sistema para elegir a los jueces de la Corte Suprema. Además de una larga trayectoria profesional, deben pasar por tres filtros: que la Suprema los incluya en una quina, que el presidente de la República los elija y que el Senado los ratifique por dos tercios de los votos.
Estos días comprobamos cuánta distancia hay entre la práctica y la teoría, entre el papel y la realidad, partiendo por una Corte Suprema que votó sin tener antecedentes relevantes sobre la candidata.
Falló el Poder Judicial. Falló también el Poder Ejecutivo, que eligió y negoció a Dobra Lusic pese a serios antecedentes que la comprometían. El más relevante, su estrecha relación con un operador político, condenado por maltrato contra niños, en cuyo favor Lusic firmó 16 decretos e intercedió para que fuera nombrado notario.
Se habló por parte del Gobierno de una “campaña pública en su contra”, pero era simplemente lo que estos poderes del Estado debían hacer y no hicieron. Contar con antecedentes verdaderos y relevantes sobre la candidata antes de elegirla; los mismos que el Senado no investigó y básicamente ignoró en una audiencia superficial, menos exigente que cualquier entrevista de trabajo en una empresa. También falló el Poder Legisltaivo.
Desidia, frivolidad, trabajo mal hecho, preeminencia del cuoteo político por sobre los méritos y antecedentes de los postulantes. Los tres poderes del Estado quedaron al debe en una actuación de primerísima importancia: designar a quienes tienen en sus manos la aplicación de la ley.
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