El suicidio de Alan García para evitar ser arrestado por corrupción es parte de una inédita saga judicial: todos los presidentes electos por voto popular en los últimos 35 años en Perú enfrentan a la justicia.
Pedro Pablo Kuczynski está detenido por lavado de activos, Alejandro Toledo prófugo en Estados Unidos, Ollanta Humala pasó nueve meses en la cárcel y ahora espera juicio, y Alberto Fujimori fue condenado por corrupción.
¿Qué nos dice eso de Perú? Que hay corrupción en las altas esferas, por supuesto. Pero también que la clase política peruana no ha podido defenderse grupalmente de las investigaciones que la amenazan, en especial de la caja de Pandora del caso Odebrecht. Algo que contrasta, por ejemplo, con Chile, donde las evidencias de corrupción generalizada, como en el caso SQM, sí han sido contenidas por decisiones políticas.
Una diferencia fundamental es que Perú no tiene un sistema de partidos estable, por lo que los ex presidentes han dejado el poder prácticamente solos, sin apoyo popular, y sin una estructura política que los defienda de cuestionamientos judiciales. Eso ha dado más espacio a los fiscales para avanzar en los casos sin ser bloqueados por presiones políticas.
Por eso el caso de Perú no sólo es un ejemplo de corrupción; también de cómo los equilibrios de poder influyen en la posibilidad de hacer justicia.
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