Hoy es un día para preguntar cómo Chile combatirá la corrupción. Mientras queda en suspenso la decisión del Tribunal Constitucional sobre el nuevo acuerdo en el caso Penta, se discute en el Congreso las modificaciones a la ley sobre delitos contra la probidad.
Buena señal que el Presidente Piñera se haya comprometido a impulsar que se eleven las penas no sólo en el techo sino el piso, porque es al mínimo al que muchas veces se condena.
Pero no basta. Clave es en cuánto subirán piso y techo. Si es sólo en un grado como ha trascendido, resulta insuficiente. Basta con que al condenado al nuevo piso de cohecho (que quedaría en 541 días) se le reconozcan atenuantes y la condena volvería a los absurdos 61 días de hoy: igual que robarse un chocolate.
Y no puede ser que se propusiera un máximo de 5 años años por sobornar y 10 para un portonazo, que el primer delincuente con su cuello y su corbata quede libre y el segundo vaya a la cárcel.
Mejorar la lesgislación es solo un paso. También es imperioso perseguir penalmente sin descanso las faltas a la probidad. Por eso que es negativo el acuerdo al que llegó la Fiscalía Oriente sin ningún nuevo antecedente en el caso Penta y contra la opinión de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Un acuerdo que solo castigará enriquecimiento ilícito, en vez del cohecho algo que el propio Fiscal Guerra declaraba el 2016 que era intransable.
La esperanza, más que el TC, es saber si el Consejo de Defensa del Estado seguirá o no estando del lado de quienes creen que el cohecho es tan grave, porque daña la fé pública y las bases de la democracia, que no se puede renunciar a perseguirlo.
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