Hasta enero era el canciller del arzobispado de Santiago. Entre sus funciones, estaba la de tomar declaraciones a los denunciantes de abusos sexuales en la arquidiócesis. Pero era, tal vez el menos indicado.
Porque hoy, ese hombre, el sacerdote Óscar Muñoz Toledo, pasará la noche tras las rejas. Será formalizado mañana como autor de abusos sexuales reiterados y estupro, contra al menos cinco víctimas.
La misma persona que podría haber cometido abusos, recibía testimonios de víctimas de otros casos. Y ya sabemos, por testimonio de José Andrés MUrillo, que en casos como el de Karadima en vez de acoger a las víctimas las desalentó para que no siguieran con su afán por obtener justicia. Es válida la pregunta de si encubrió a otros o cuantas víctimas más intentó desanimar en sus reclamo.
El arresto de Muñoz llega tras la inédita incautación de los archivos secretos del Tribunal Eclesiástico de Santiago y el Arzobispado, ordenada por el Fiscal Arias. Documentos que darían cuenta de una serie de casos de abusos perpetrados durante 16 años por Muñoz. De inmediato surge la pregunta de por qué esos archivos no fueron entregados directamente y por iniciativa propia por el arzobispado a la justicia.
Porque aquí no estamos hablando de pecados ni de meras infracciones a las normas de la Iglesia Católica. Estamos hablando de delitos que Muñoz habría cometido contra niños y adolescentes.
Esos delitos, en Chile, deben ser investigados por la justicia criminal, da lo mismo si el acusado de cometerlos viste de sotana o de civil.
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