Durante la semana se conoció sobre el caso de Teresita Ponce, joven de 28 años que fue secuestrada y asesinada por su ex pareja, Sebastián Vázquez, quien cumpliendo condena logró burlar un beneficio carcelario que facilitó sus planes contra Ponce. Tras el crimen, que comenzó en Santiago y finalizó en Copiapó, el victimario se suicidó.
Danitza Pérez, directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), abordó el problema de los femicidios y explicó en CNN Chile que, “si miramos el panorama completo, tenemos un déficit importante en cuáles son las medidas que tiene la institucionalidad para proteger a las mujeres”.
En esa línea, criticó que “el brazalete y monitoreo telemático se demoró mucho tiempo en avanzar en el Congreso“, pues fue promovido alrededor de 2012 y se estancó debido al prepuesto y falta de personal calificado para poder actuar frente a una alerta respecto a alguien que haya vulnerado la medida de alejamiento.
“De nada sirve la alerta si es que no somos capaces -rápidamente- de reaccionar y, por otro lado, ¿cómo nosotras aseguramos que las personas que no están necesariamente con esta medida cautelar van a estar siendo protegida de esta manera?”, cuestionó Pérez.
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Respecto a la actividad legislativa, la abogada indicó que en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Congreso Nacional “casi todas las semanas se recogen relatos de mujeres que están siendo perseguidas, que los sujetos están con beneficios y ocupan estos beneficios para acosarla, pero no constituye delito propiamente tal. Son mujeres que están viviendo una violencia constante de la cual no estamos siendo capaces de acogerlas”.
Pérez aseguró que los Ministerios tienen “una labor importante” a la hora de “revisar cuáles son las funciones, atribuciones, y también cuál es la orientación o el enfoque que el consejo técnico asesor, que está dentro de los centros penitenciarios, va a tener que adoptar desde el momento en que realiza los informes para que los sujetos puedan acceder a beneficio“.
“Nosotras hemos sido enfáticas en la necesidad de intervenir todo el sistema de justicia (…) para que puedan incorporar un enfoque de género en las distintas tareas que cumplen“, zanjó.
Al cierre, la abogada instó al Legislativo a avanzar en torno a la propuesta de “ley de derecho a una vida sin violencia“, que se ingresó en el periodo de administración de la ex presidenta Michelle Bachelet y “no avanza“.
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